Siempre había defendido que la Iglesia no debería preocuparse porque se enseñaría Constitución

Al final, se soltó la melena. ¿Dónde lo hizo? En la cadena SER, sintiéndose como en casa. A pesar de haber defendido en varias ocasiones –incluida a Hispanidad- que no había motivos para objetar Educación para la Ciudadanía, que el contenido sería Constitución y sistemas políticos, De la Vega termina tirándose a la piscina y reconociendo que sí, que efectivamente la asignatura choca con la Iglesia.

Ya había manifestado que era equivalente a objetar matemáticas o lengua. Pero en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros da un paso más para afirmar que quien objete no tendrá título. Una contradicción con la Ley. En primer lugar, porque se puede pasar de curso con hasta tres asignaturas pendientes. Pero es que además, la propia LOE contempla la posibilidad de que los alumnos realicen ‘huelga'. Y es lo que van a hacer.

Pero regresemos a la SER. De la Vega deja claro que EpC se aprobó en el Parlamento "y no se va a modificar". Y reta: "si alguien no está de acuerdo que acuda a los tribunales". Un buen reto, porque el movimiento de objeción de conciencia lleva tiempo planteándose la posibilidad de recurrir la polémica asignatura. Por cierto, una oportunidad para que el PP lleve el asunto al Constitucional. Al fin y al cabo, el diputado Eugenio Nasarre llego a plantear el pasado miércoles el aval a la objeción de conciencia.

Pero ahora viene lo fuerte. De la Vega reconoce que EpC educa en valores que "combate la Iglesia", pero insiste en que la norma "obliga a todos, sin excepciones". Se trata de la primera vez que el gobierno reconoce que EpC va en contra de los valores defendidos por la Iglesia, porque hasta ahora el discurso ha sido de tono conciliador: no hay por qué preocuparse, sólo se enseña Constitución, etc. Y tras el desliz, la autocorrección: "¿Puede alguien estar en contra de que nuestros niños adquieran elementos de lo que constituye la convivencia y los valores constitucionales?", se pregunta la vice'.

Además, señala que el gobierno ha dialogado con la federación de religiosos de la enseñanza y la Conferencia Episcopal. La FERE, como ya hemos informado, ha dado un apoyo ambiguo a la asignatura, asegurando a sus padres que el gobierno les permitirá hacer una especie de ‘guantanamo educativo'. En cuanto a la Conferencia Episcopal, parece claro en la resolución de febrero y en la de la semana pasada que la Iglesia española no está por la labor de aceptar esta polémica asignatura. Su portavoz, Martínez Camino defendió el jueves pasado el derecho de los padres a objetar ‘Manipulación para la Ciudadanía'.

Finalmente, De la Vega termina su discurso con ‘no nos vamos a hacer daño'. Afirma "respetar" a la Iglesia en los contenidos de la asignatura de religión, pero pide que la Iglesia respete al gobierno en los contenidos de EpC. El problema es que si ambos contenidos chocan –que lo hacen- la mayoría de padres que escogen libremente que sus hijos sean educados en religión católica, se verán afectados negativamente. Es decir, que el Gobierno y su mayoría parlamentaria han legislado contra la mayoría ciudadana. Y como señalaba Zapatero en su época de ‘pancartero', "no se puede gobernar contra la calle". Así que, ¡tiembla Cabrera!