Como ya informamos desde estas mismas pantallas el pasado mes de noviembre, el presidente del BBVA, Francisco González, estaría preparando un eventual desembarco de Rodrigo Rato en el BBVA. José Ignacio Wert habría sido el fontanero de una operación que culmina con la propuesta de reforma estatutaria para que el acceso a la Presidencia no exija la permanencia de tres años en el Consejo de Administración ni la tenencia de 80.000 "bebeuves" en la cartera personal.
Los señores accionistas tendrán que aprobar esta reforma "vendida" como un paso más en el proceso de transparencia en el que se encuentra la entidad financiera. El otro rodillo será la liberación de reservas de libre disposición para hacer frente a las prejubilaciones que autorice el Banco de España. De esta forma, la propiedad se empobrece, pero se salva la cuenta de resultados. No se prevé revolución en Bilbao, habida cuenta de que el banco "vasco" elevará la cifra de dividendos a los 1.249,43 millones de euros. "Estando yo caliente, ríase la gente".
El futuro de Rato sigue siendo una incógnita. Los posibles destinos de Bruselas y el FMI quedan descartados por razones familiares: don Rodrigo tiene hijos pequeños y no parece dispuesto a que se eduquen sin padre. Su futuro descansa, pues, en Madrid. Rato se deja querer ante el marianismo acompañando al sucesor a Barcelona para avalar con su presencia la anunciada reforma fiscal. Pero su orgullo le impide descolgar el teléfono. Y Rajoy sigue sin llamar.
En paralelo se establece el "plan B": desembarco empresarial. Claro que no valdría cualquier empresa ni cualquier puesto. Rato sólo se sentiría cómodo en la presidencia de Telefónica o del BBVA. Y para ello hacen falta dos cosas: que los actuales presidentes cedan la silla y que la ley de incompatibilidades lo permita. Sobre lo primero hay duda. Abandonar la silla del poder resulta un ejercicio duro hasta para Aznar. A no ser que alguien deba de pagar algún favor...
Y aquí entramos en la Ley de Incompatibilidades (11 de mayo de 1995, bajo la denominación de Ley de Incompatibilidades de Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración del Estado). Formalmente la ley resulta extraordinariamente restrictiva. Sin embargo, los expedientes de la ex Directora General del Tesoro y Política Financiera, Gloria Hernández, han sentado una interpretación más laxa: sólo se aplicará incompatibilidad en el caso de que el político haya resuelto directamente un expediente de la compañía afectada, no la regulación del sector.
Con este criterio Rato no se vería afectado en su eventual entrada en el BBVA, aunque quizás sí en Telefónica, ya que es el ministro de Economía quien aprueba las tarifas de la compañía de telecomunicaciones. Claro que siempre se puede flexibilizar la interpretación de la interpretación para darle una salida airosa a quien un día aspiró a la Presidencia del Gobierno.