La Constitución Española, la aprobada en 1978, reconoce y otorga a las Cortes Generales el ejercicio de la potestad legislativa, así como la función de control y fiscalización del Ejecutivo.
Es lo propio de un ordenamiento constitucional democrático en el que la garantía de los derechos y libertades fundamentales de la persona, actúa como freno contra las injerencias indebidas de las instituciones políticas en la sociedad civil.
Esto debería estar muy claro para cualquier diputado español. Y, sin embargo, no es así. La iniciativa de ICV para que el Parlamento español repruebe al Papa demuestra la ignorancia, cuando no la mala fe de varios de nuestros diputados. Y es que el respeto a la libertad religiosa y la distinción entre las esferas política y religiosa, obligan a nuestros diputados a respetar la autonomía y la independencia tanto de la Iglesia católica, como del propio Estado.
Pienso que no se entendería que el grupo socialista defendiera, a estas alturas de la historia, el regalismo propio de quienes creen que el poder político tiene potestad para intervenir en la vida interna de la Iglesia hasta el punto de coartar su libertad para difundir el Evangelio y sus consecuencias morales.
Es de esperar que el respeto institucional y la sensatez lleven a los socialistas a votar en contra y no caer en la tentación sectaria.
Domingo Martínez Madrid
domingo121@gmail.com