- Josep Oliú, presidente del Sabadell: "Buscamos una fusión para luego poder crecer fuera de España"
- Telefónica 'pincha' en su intento de desplazar a Facebook en España
- El Corte Inglés paga a sus empleados con el 10% del robo que impiden
- Zeltia se plantea una ampliación de capital tras el 'no' a 'Yondelis'
- Socios españoles de ING Real Estate en Málaga demandan al banco
- Eurocopter quiere duplicar sus ingresos en tres años
- Markel confía cerrar 2009 con un crecimiento del 6% en España
- Los bancos compiten por gestionar y financiar el déficit de tarifa
- La última liberalización eléctrica apenas incide en el cambio de clientes
- Los alcaldes tienen vía libre para poder cobrar impuestos por las placas solares
- Los ayuntamientos vaticinan la quiebra en 2010 si el Gobierno no toma medidas
- La exigencia de la patronal de una reforma laboral para septiembre rompió el pacto
- Cada nuevo parado cuesta 28.000 euros anuales a las arcas públicas
Las cajas de ahorros ponen esta semana en marcha la sociedad de gestión y comercialización de activos inmobiliarios que han constituido a través de su grupo de servicios financieros Ahorro Corporación. Con esta firma, que se denominará Ahorro Corporación Soluciones Inmobiliarias (ACSI), las entidades persiguen reducir los riesgos derivados de la concentración de este tipo de activos en su balance. No obstante, nace con vocación de permanencia a largo plazo y no sólo para sortear la actual coyuntura de crisis.
Por lo demás, un informe del Banco de España fechado el pasado 20 de julio señala una retahíla de infracciones en la gestión de Caja Castilla-La Mancha que podría provocar la desaparación de la entidad financiera como tal. El Pliego de Cargos, un durísimo documento de 37 folios, sostiene que, además de los excesos cometidos por los 19 consejeros, el presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, se «extralimitó en sus funciones» hasta tal punto que podría ser multado con 390.000 euros más una inhabilitación de 10 años. Pero ésa es una decisión política que deberá tomar el Gobierno, informa hoy El Mundo. ABC señala, por su parte, que el Banco de España quiere que CCM sea la "hoja de ruta" de futuras intervenciones.
El juez ha decretado el embargo preventivo de un chalet en Marbella, un yate y un amarre en la localidad malagueña adquiridos por César Losada, fundador del fondo de inversión en hoteles Losan. El magistrado considera en el auto que existen indicios de que el dinero con el que se pagaron esas propiedades podría provenir de la empresa, asegura Cinco Días.
Josep Oliú, presidente del Sabadell: "Buscamos una fusión para luego poder crecer fuera de España", en El País.
Telefónica 'pincha' en su intento de desplazar a Facebook en España, señala El Mundo. La red social del grupo, Keteke.com, sólo ha captado 133.000 usuarios en ocho meses.
El Corte Inglés paga a sus empleados con el 10% del robo que impiden, publica La Gaceta.
Zeltia se plantea una ampliación de capital tras el 'no' a 'Yondelis'. En una entrevista con Expansión, el presidente de Zeltia, José María Fernández Sousa-Faro, asegura que se están preparando para el peor de los escenarios posibles, en el que debemos plantearnos cómo suplir los 21 millones de euros que dejarían de ingresar en caso de que el medicamento no sea finalmente aprobado.
Las sociedades españolas Bracar e Ibererdil, socios de la filial inmobiliaria en España del banco holandés ING en la promoción del proyecto Innova Park en Málaga, han demandado al grupo holandés. Denuncian incumplimiento de contrato por parte del banco, destaca Cinco Días.
Juan Carlos Martínez Sáiz, consejero delegado de Eurocopter en España, asegura en una entrevista con Negocio su intención de duplicar la facturación de la compañía en tres años. El responsable de la filial del grupo EADS exige al Gobierno de Zapatero más apoyo, algo que se traduciría en la compra de helicópteros Cougar.
Batir al mercado a base de innovación y especialización. Este el objetivo de Markel Internacional en España, la compañía de seguros de origen estadouni- dense especializada en la Responsabilidad Civil Profesional y el seguro de Responsabilidad Civil de directivos, el denominado D&Olas primas, informa Negocio.
Los bancos, que no acudieron a las subastas del déficit de tarifa realizadas por la CNE, pujan ahora por una deuda que va a contar con el aval del Estado. También las gestoras de sus grupos compiten con firmas independientes por administrar el fondo al que irá el pasivo. Queda por ver si pueden desempeñar las dos funciones, algo que fijará uno de los dos decretos que regulará el proceso, que se alargará hasta marzo de 2010, cuenta Cinco Días.
Tras 12 años de reformas en el mercado de la electricidad -Ley 54/1997 o Ley del Sector Eléctrico- y un mes después de que formalmente hayan desaparecido las llamadas tarifas integrales para 26 millones de abonados, toca hacer balance: para los 25 millones de usuarios que tienen potencias contratadas inferiores a los 10 kilovatios no ha cambiado nada, según El País.
Los alcaldes tienen vía libre para poder cobrar impuestos por las placas solares, afirma Expansión. La Justicia avala que el coste de las instalaciones fotovoltaicas de edificios o huertos puede añadirse a la base imponible del Impuesto de Construcciones (ICIO), como defienden los municipios.
Los ayuntamientos vaticinan la quiebra en 2010 si el Gobierno no toma medidas, afirma La Vanguardia. La crisis obligará a los municipios a recortar sus próximos presupuestos hasta un 30% respecto a este año como consecuencia de la reducción del dinero que el Estado va a asignar a los municipios y la coyuntura de crisis económica.
Según señala hoy El Economista, abordar la reforma laboral en septiembre era la única condición inamovible de la CEOE en el marco del diálogo social, pero chocó contra las líneas rojas que el Ejecutivo dibujó al inicio de la negociación del pasado miércoles en Moncloa. La patronal, que estaba dispuesta a ceder en la cuantía de rebaja de cotizaciones, no lo estaba en el cambio del mercado de trabajo. Así se lo hizo saber a Zapatero: Te vas con tu foto, pero en septiembre hablamos de reforma laboral, un ultimátum al que se negó el presidente, incapaz de presentarse ante los sindicatos con esa cesión.
Un trabajador con el sueldo medio anual de 21.208 euros que pierda su empleo supone un coste para las arcas públicas de 28.000 euros en el primer año. Cifra que incluye, por un lado, lo que deja de ingresar el Estado y, por el otro, el gasto asociado a la prestación por desempleo y las aportaciones del Servicio Estatal de Empleo a la Seguridad Social, explica Cinco Días.
El Ayuntamiento de Sevilla destinó un millón de euros a proyectos de cooperación sospechosos, según ABC.
José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com