Espléndido el libro de José García Abad, director del semanario El Siglo, sobre la Monarquía española ("La Soledad del Rey"). Dice García Abad que en la prensa española existe autocensura respecto a la Casa Real (autocensura, por cierto, más dura entre la prensa progre que entre la prensa conservadora). Censura, especialmente, sobre los aspectos económicos. Por ejemplo, recientemente el Tribunal Supremo ha ratificado, e incluso endurecido, la sentencia contra Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Juan José Folchi y Jorge Númes Lasso de Vega. A Manuel Prado, al que siempre se le ha considerado no sólo amigo personal del Rey, sino responsable del patrimonio paralelo de la Casa Real, y a quien Juan Carlos I continua defendiendo a capa y espada, ha visto ratificada su condena a dos años de cárcel, por recibir 10.000 millones de pesetas (unos 60 millones de euros) de Javier de la Rosa. Prado alega que se trata del pago de una deuda privada, pero el Tribunal, con más sentido común que sentido jurídico (no necesariamente han de coincidir), establece que "no es verosímil la existencia de una deuda privada de tan elevadísima cuantía sin ningún documento que la avale". ¿Qué es lo que sospecha todo Madrid y qué es lo que Javier de la Rosa llegó a denunciar en su día, cuando aún no se daba por vencido? Pues que ese dinero era una donación de Javier de la Rosa, responsable de KIO en España, a Juan Carlos I.
La sentencia está ahí, y la inferencia es tan lógica que cualquier becario de periodismo la realizaría. Pero no ha sido así, porque a la Casa Real no se le toca. De esta forma, el lector no avisado (y los lectores no tiene obligación de estar avisados, esa es tarea de los periodistas) no se entera del trasfondo, aunque el periodista siempre podrá afirmar que la información acerca de la sentencia del Supremo en el caso KIO es sustancialmente correcta. Dice la verdad, nada más que la verdad... sólo que no dice toda la verdad. O sea, autocensura.