Tiene gracia -que diría Rajoy- que estos positivistas de tres al cuarto, a la hora de la verdad traten de imponer sus criterios morales -por cierto muy discutibles- por encima de lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley del Aborto técnicamente fue una reforma del Código Penal no para sacar el tipo del aborto, sino para establecer la despenalización en tres supuestos. El Tribunal Constitucional dictó que aquello se ajustaba al "todos tienen derecho a la vida" del art. 15 de la Constitución, aunque en aplicación restrictiva, porque el ‘nasciturus' también tenía derechos. Pues bien, lo que ha ocurrido en todos estos años es que el aborto se ha convertido de facto en libre a través del fraude sistemático de los centros que utilizan con generosidad el supuesto despenalizador del peligro para la salud psíquica de la madre. Un verdadero coladero por donde se cuelan el 97% de los abortos practicados en España. El fraude generalizado y la ausencia de controles ha permitido que de facto, la sociedad entienda que el aborto es un derecho de la mujer. Y como lo opina la sociedad, nada menos que el ministro de Sanidad, Bernat Soria, se permite afirmar que la reforma de la Ley no es necesaria mientras se garantice el derecho de las mujeres al aborto. Y tras el ministro, la patronal de centros abortistas que coge carrerilla y pide que se garantice el derecho al aborto y el trabajo de sus ‘profesionales'. Una vez más: no existe el derecho al aborto. No existe, porque lo que está en juego es otra vida humana. Así de sencillo. Así que el aborto sigue siendo un crimen y los que lo practican unos criminales. No, Sr. Barambio, responsable de la patronal catalana de abortos. No se está criminalizando a los abortistas. Es que son unos criminales. Y no es un insulto, es una definición según el Código Penal. Y no, Sr. Barambio. No es que se les esté sometiendo a controles estrictos. Es que por vez primera se les está supervisando y han estado muy mal acostumbrados a la impunidad. Si la administración hubiera actuado con suficiente celo, no se habría producido el triturador de Morín, por ejemplo. Si las consejerías de Sanidad fueran razonables, supervisarían que el servicio que pagan (en cerca de un 35% de los casos) se practica ‘correctamente'. Porque el aborto es de los pocos ‘servicios' subvencionados que no cuenta con supervisión pública. Lo que ha ocurrido ahora es que se han puesto las cartas boca arriba. El aborto es un delito, no un derecho ni un servicio. Los abortistas son unos criminales, no unos profesionales. La administración supervisa, como no podría ser menos tratándose de dinero público y de un delito despenalizado en determinados supuestos. Esta es la realidad. Y no hay una persecución judicial ni administrativa. Los jueces investigan supuestos delitos y la administración supervisa establecimientos abiertos al público. Nada de extraño. Salvo que no encaja con la práctica de impunidad con la que los abortistas han vivido estos años. La respuesta de los centros ha sido la huida hacia delante: exigir la ley de plazos y por lo tanto, sacar el tipo del Código Penal. ¿Para tener más garantías como afirman o para incrementar el negocio?