El pasado 19 de marzo una delegación de padres objetores a EpC (Educación para la Ciudadanía) presentó una demanda interpuesta por 300 españoles ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo en la que se acusa al Estado español de vulnerar nada menos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Según José Luis Bazán, director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, «la demanda incluye 105 casos, con nombres y apellidos, de menores que están siendo acosados por objetar a alguna de las asignaturas de EpC. Y es que en estos procedimientos se están vulnerando el derecho a la vida privada, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y el principio de no discriminación contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos». La demanda ha sido presentada por padres e hijos, aunque han actuado como representantes José Luis Bazán (Profesionales por la Ética), Roger Kitska (Alliance Defense Fund) y Francisco José Ramos Vega (abogado de los padres objetores). Los demandantes han contado, además, con el asesoramiento del European Center for Law and Justice, institución dedicada a la defensa jurídica de los derechos y las libertades fundamentales, y de Lourdes Ruano, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Salamanca.
Bazán ha aclarado que este procedimiento jurídico es independiente de los procesos abiertos en España. «Se ha acudido directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera excepcional debido a la especial vulnerabilidad de los menores. Lo primero que hemos solicitado, con carácter de urgencia, es que el Tribunal dicte medidas cautelares que eximan a los alumnos objetores de la asistencia a clase. Tal como nos han indicado, esperamos que en los próximos días el Tribunal comunique estas medidas».
En todo caso, lo que se ha puesto de manifiesto en esta histórica demanda no es el problema de unos padres en particular sino el conflicto generado por un Gobierno y unas administraciones estatales y autonómicas (de diversos partidos) que ni siquiera se han dignado a recibir a los padres objetores. La Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética ha confirmado que estos 105 casos son los primeros de una larguísima serie.
La polémica EpC «made in Spain» ha traspasado las fronteras en plena Presidencia Española de la UE y ha puesto de manifiesto la oposición social a este conjunto de materias adoctrinadoras. Y eso que el Gobierno español ha asegurado que los derechos humanos eran su prioridad.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com