Cuando al ex presidente del Banco Central, Alfonso Escámez, le hicieron llegar el rumor de que el entonces gobernador del Banco de España iba a fichar como ejecutivo en el Grupo March, comentó lo siguiente: "Eso es estupendo. Así aprenderá a hacer banca". Una hemorragia de placer inundan los bancos de medio mundo al ver sentados en el banquillo de los acusados, ante la 'Hight Court' londinense, a los representantes del Banco de Inglaterra, esa marmórea institución cuyo gobernador nunca respondía sí o no, sino que adelantaba o retrasaba su copa de vino, para no comprometerse. El caso es que la firma auditora Deloitte & Touche representa a los damnificados en el caso del banco paquistaní Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), el llamado "banco de la droga". Sus clientes afirman que este engendro financiero de origen islámico no fue convenientemente inspeccionado por los hombres del Banco de Inglaterra, quienes, por tanto, se han hecho responsables del desaguisado. Si la Corte atiende a estas razones, la verdad es que podríamos encontrarnos ante otro precedente, que colocaría al sistema financiero al borde del abismo.
Lo cierto es que el caso del BCCI es muy especial. Un ejemplo: la sucursal en España, sita en la madrileña calle Serrano, fue intervenida por el Banco de España en el momento en que surgió el escándalo. Para poner remedio el emisor envió a un banquero (cajero) de prestigio, Mateo Ruiz-Oriol. Pues bien, una de las prácticas habituales que don Mateo se encontró en la entidad era la costumbre de algunos consejeros de dejar un papelito en la caja fuerte con mensajes de este tipo: "Me he llevado un millón de pesetas. Firmado...".