Sr. Director:
Hace pocas fechas se efectuó una manifestación, en Barcelona, en defensa del castellano como idioma común en todo el Estado Español.
Independientemente de lo que digan los diferentes estatutos autonómicos referentes al idioma propio de cada autonomía, la Constitución vigente es muy clara al respecto, pues en su artículo 3.1 dice: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.
Por lo tanto, con un poco de buena voluntad, el problema es de muy fácil solución. En el sistema educativo, que parece ser el más conflictivo, se podrían ofertar dos opciones, una escolarización en el idioma vernáculo con tres horas de castellano y otra opción que consistiría en una enseñanza en castellano con tres horas de lengua vernácula. De este modo cada cual optaría por el que considerase más adecuado.
Fuera del ámbito escolar, tanto en la comunicación oficial como en la privada cada cual que escoja el idioma que quiera, sin imposiciones ni amenazas y menos aun sanciones.
De todos es sabido que el sentido común es el menos común de los sentidos y más si intervienen partidos nacionalista egocéntricos y partidos nacionales pusilánimes y/o acomplejados y, por desgracia, dependientes de los votos de aquellos, de este modo el conflicto, artificialmente creado, en vez de resolverlo lo engrandecen. Con decir que se llega al descarado incumplimiento de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, por ejemplo: el Gobierno Catalán con la tercera hora de castellano en las escuelas.
Hasta dónde llega el absurdo político-lingüístico que se dan casos, con harta frecuencia, de enviar comunicaciones e informes oficiales de una comunidad con idioma propio a otra de castellano parlante en el idioma de la primera. ¿Dónde está el sentido común? ¿Y la voluntad de entenderse?
Manuel Villena Lázaro
manolovillena@hotmail.com