Para cerrar el círculo de ventajas que nos ha traído la alianza con Francia, hay que recordar el aspecto más olvidado de la aplicación del Protocolo de Kyoto: la condena al cierre definitivo de las minas de carbón españolas, ubicadas en al menos seis comunidades autónomas: Asturias, Castilla y León, Galicia, Aragón, Castilla La-Mancha y Córdoba.
Un estudio del sector eléctrico concluye que 1,5 millones de familias españolas, contando empleo indirecto y trabajo inducido, se verán afectadas por este cierre anunciado.