Sr. Director:
Las asociaciones ciudadanas y grupos cívicos de Galicia, AGLI (Asociación Gallega para la Libertad de Idioma), Coruña Liberal y Vigueses por la Libertad, quieren llamar la atención de sus conciudadanos sobre una nueva actuación de la administración regional que, bajo la apariencia del fomento de la lengua autóctona, oculta la realidad de la exclusión de la lengua común de los españoles, el propósito de hacerla desaparecer de la vida pública y, si les fuere posible, de la vida social y privada de la población.
Hace unos meses, la Consejería de la Presidencia convocaba unas oposiciones con exclusión expresa del español en los exámenes. La reacción de AGLI la obligó a rectificar, aunque de manera torpe y chapucera. La exclusión del español y el desprecio a quienes, legítimamente, lo tienen como primera o única lengua, o que optan por su uso, es constante y sistemática en todos los ámbitos a los que esta administración llega con su acción directa o indirecta.
Ahora, la consejera de Educación, Laura Sánchez Piñón y la Secretaria general de política lingüística -órgano perfectamente prescindible-, Marisol López, nos anuncian que para este curso, un número de niños de primera enseñanza podrán realizar su aprendizaje íntegramente en lengua gallega. Tal medida nos parecería inobjetable, si todos los niños en Galicia tuviesen el mismo derecho. Es decir: el derecho de recibir la enseñanza en cualquiera de las dos lenguas oficiales, de acuerdo a la opción manifestada por sus padres.
Sin embargo, esa medida, que se disfraza de mera ampliación de posibilidades, pone de manifiesto lo siguiente: primero, el hecho de que ningún niño podía recibir enseñanza íntegramente en la lengua de preferencia de sus padres, y, que, a partir de ahora, sólo la recibirá ese 1,33 % de privilegiados de educación infantil; segundo, que este gobierno autonómico, al igual que los anteriores, se propone seguir caminando por las vías catalana y vasca de imposiciones lingüísticas, aunque para ello reduzca las oportunidades de los ciudadanos y pisotee derechos individuales. Un creciente número de ciudadanos se dirigen a estas asociaciones en busca de defensa de sus derechos constitucionales.
Las entidades cívicas que suscriben este comunicado quieren llamar la atención sobre el modelo educativo perverso construido en esta región por unos políticos rendidos al proyecto nacionalista. Tal situación se ha agravado en esta legislatura, al haberse entregado determinados departamentos al partido menos votado y más nacionalista, que así dispone de la posibilidad material de dar rienda suelta a su hostilidad por el español, y como consecuencia de semejante fobia, por los ciudadanos que lo hablan.
Tales manifestaciones de odio hacia la lengua común de los españoles y de discriminación de sus hablantes deben cesar radicalmente. Al mismo tiempo, la administración ha de dar los pasos necesarios para garantizar el acceso a la enseñanza en la lengua de preferencia de sus padres a todos los niños que tengan que escolarizarse en territorio de la comunidad autónoma, y en cualquier nivel de la enseñanza.
AGLI (Asociación Gallega para la Libertad de Idioma)
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