- Hay 150.000 expedientes atrasados por un valor de 1.700 millones de euros, y el presupuesto del FOGASA para 2013 es de 843 millones.
- El retraso alcanza hasta tres años en los casos de cierres de empresa, casos de insolvencia y concursos de acreedores.
- Mientras, el Ministerio se está planteando la peregrina idea de externalizar el servicio, lo que aún resultaría más caro.
- No se amortizan plazas. Sólo en Madrid, en este año, hay 30 empleados menos que en 2012.
- Los sindicatos denuncian que el exceso de expedientes ahoga a los trabajadores.
El Fondo de Garantía Salarial ha dejado de convertirse en la última esperanza para los parados cuyas empresas no pueden hacer frente a sus indemnizaciones. Cada vez son más los desempleados que esperan y desesperan ante la falta de cobro de sus nóminas, 120 días de salarios de tramitación tras el último recorte y sus indemnizaciones.
Francisco Javier Blanco (en la imagen), secretario General de USO en Madrid, en declaraciones a Hispanidad, denuncia que los retrasos en los casos de acuerdo con la empresa, cuando el FOGASA paga el 40% de las indemnizaciones y el 60% el empleador, "el cobro se está retrasando hasta año y medio". La situación es tan grave, señala Miguel Sánchez, de la Secretaría de Acción Sindical de CCOO, que existen ya 150.000 expedientes atrasados. Son tantos, afirma, también a Hispanidad, que habría que disponer de 1.700 millones de euros para hacerles frente, por ello, añade, "nos parecieron claramente insuficientes los 843 millones que se destinaron al FOGASA en los presupuestos para el año 2013, por mucho que se pueda recurrir a créditos adicionales. Hay que tener en cuenta que sólo en 2012 el FOGASA desembolsó 1.530 millones en prestaciones".
La plantilla del FOGASA, denuncian los sindicatos, es claramente insuficiente para hacer frente al aluvión de papeleo señala el portavoz de USO, ahoga a los cerca de 300 funcionarios, sin medios suficientes para hacer frente al volumen imparable de solicitudes desde que se inició la crisis. Sólo en 2012 se presentaron 127.000 solicitudes. Los puestos no se amortizan. Sólo en Madrid en un año se han perdido 30 plazas que no han sido repuestas. Y para colmo, señalan desde USO, el Gobierno estudia "privatizar la gestión lo que no haría sino salir más caro para el contribuyente y poner información delicada en manos de empresas privadas". Por su parte, Javier Blanco, que "no tiene sentido que digan que nos tenemos que apretar el cinturón y se recurra mientras tanto a empresas interpuestas" en lugar de pedir personal a las administraciones públicas, que es lo que deberían hacer.
Lo cierto es que externalizar a un organismo pagador es una verdadera aberración tan absurda como incongruente. "Lo que hay que hacer es reforzar a los funcionarios para que se pague a tiempo y cumplir los plazos", señala Miguel Sánchez de CCOO. Francisco Javier Blanco, de USO, llega a dudar incluso de si no se estará forzando la situación para hacer admisible entre la opinión pública la externalización de una entidad como el FOGASA. Puede que no le falte razón, pero también es cierto que parece más realista pensar que cualquier artimaña es buena para pagar lo más tarde posible, especialmente cuando no hay dinero en las arcas públicas.
Se ha llegado a dar el caso de que algún alto funcionario del FOGASA ha sugerido que denuncien al organismo público a los afectados. Con juicios o sin ellos, el tiempo corre, y cuanto más tarde se pague mucho mejor, aunque haya que pagar intereses.
Sara Olivo
sara@hispanidad.com