En la mañana del jueves 30, se inauguraba formalmente el Foro Español de la Familia, presidido por José Gabaldón. En el acto de presentación, Gabaldón entró de pleno en la polémica de estos días definiendo el matrimonio como "el concepto jurídico e histórico consistente en la unión  entre un hombre y una mujer". Una perogrullada que, sin embargo, resulta oportuna desde que el Gobierno ha anunciado la aprobación para este viernes 1 de octubre del contrato homosexual, en el que se incluirá el derecho a la adopción de niños por uniones homosexuales.

Asistieron al acto la concejala de Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, la Directora General de Familia de la Comunidad de Madrid, Blanca de la Cierva, y la Directora General de las Familias y la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Amparo Marzal. Las tres dedicaron unas breves palabras en un tono más bien institucional. O sea, que no dijeron demasiado. Eso sí, estaban representantes de las tres Administraciones, hecho que ha generado gran satisfacción a Gabaldón.

Además, la representante de la federación de padres FAPACE, Mercedes Coloma, presentó el Congreso Nacional de Familias, que tendrán lugar los días 12 y 13 de noviembre en Madrid, bajo el título Las funciones estratégicas de la familia, que, según señaló, será un foro de enriquecimiento sobre la realidad de la situación familiar en la sociedad actual.

Pero lo más interesante vino cuando el presidente de Hazteoir.org, Ignacio Arsuaga -en nombre del FEF- presentó la iniciativa legislativa popular para promover una regulación de los contratos homosexuales que no afecten al correcto desarrollo afectivo y psicológico de los niños en adopción. Las tres mujeres de las tres instituciones escucharon la presentación de una iniciativa que aspira a recoger dos millones de firmas en todo el territorio nacional, bastante más que el medio millón de firmas exigidas legalmente.

Amparo Marzal escuchó con atención un proyecto ciudadano que se dirigía directamente en contra de lo que De la Vogue califica como "derechos ciudadanos", pero que, sin embargo, defiende mejor los derechos de la infancia. No, no parecía especialmente satisfecha la representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.