El ministro de Industria ya insinuó, en relación a los créditos del PSC; que el gobernador Caruana era amigo de Manuel Pizarro, presidente de Endesa. La financiación los partidos vuelve a estar en entredicho, y en el PP se pide que intervengan los jueces.

Cuando el diario El Mundo desveló la condonación de créditos al partido de los Socialistas catalanes, PSC, su secretario general y ministro de Industria, José Montilla, relacionó esta información con la lucha político-económica que representa la OPA de Gas Natural, así como los independentistas de ERC. Pero lo más fuerte es que su formación insinuaba, incluso algo más, que el Banco de España estaba detrás de las información del diario, dado que y supongo que el Banco de España, como todos vds. ya saben, tiene un Gobernador, el señor Caruana, íntimo amigo del señor Pizarro, que sí dispone de información desde hace tiempo, y estos días está muy preocupado, lo que explica algunas cosas.

Veamos, la informaciones sobre créditos a partidos políticos sólo la tienen los interesados su parte- la entidad (en este caso La Caixa, que no creemos esté interesada en divulgarlos) y el Banco de España. La normativa que impuso Rodrigo Rato por la que las cajas de ahorros debían comunicar a la CNMV los datos de un crédito no son más que un brindis al sol, una pose de torero viejo y cobardón: lo que importa no son las condiciones de concesión de un crédito, sino el Estado en que se encontraba el de dicho crédito. En otras palabras, lo que importa no es cómo se abre un préstamo, sino como se cierra.

El problema para La Caixa no estribaba en que concediera créditos al PSC o a ERC, sino que les perdonara el pago. Y es ahí, donde precisamente, los inspectores del Banco de España se muerden los labios. Cuántas veces han visto cómo algunas entidades financieras concedían el lunes un crédito a, pongamos un ejemplo más grave, una fundación próxima a Batasuna y comprobaban que el martes dicho préstamo había sido transferido a Fallidos. Y ojo, porque los fallidos, mientras se hayan ejecutado las provisiones que los soportaban, no afectan a la solvencia de la entidad, por lo que el inspector del Banco de España simplemente los notifica en una relación que envía a sus superiores. Lo que le importa al supervisor es el crédito moroso y, en su caso, las condiciones de concesión de los créditos.

Por tanto, siempre según las mismas fuentes gubernamentales, la información ha tenido que proceder de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, donde se recoge la información sobe todo crédito superior a 1.000 euros, sea quien sea el prestatario. Pero, ojo, no sólo la información sobe los detalles de la concesión sino sobre la situación contable actualizada de dicho crédito. Es más, esas mismas fuentes aseguran que, tras el PSC y ERC, le toca el turno a los créditos otorgados por La Caixa a los comunistas catalanes del PSUC, hoy enrolados bajo las siglas ICV. Al PP, según las mismas fuentes, ni le tocarán. Lo que indica, dicho sea de paso, que corremos el riesgo de que algunos partidos políticos beneficiados (las tres formaciones del Estatut) no les pase nada y, al final, el escándalo afecte a La Caixa.

Sea como fuera, el gobernador del Banco de España ha ordenado a todos sus empleados no realizar ni el más mínimo comentario sobre las condonaciones de créditos de La Caixa a los partidos políticos. Probablemente tenga que hacerlos él, en el Parlamento, a petición del Partido Popular, y en ese caso habrá que saber si responde a la acusación de José Montilla.

¿Por qué centrarse en los créditos de La Caixa y no en los de otras cajas de ahorros? Los mismos acusadores gubernamentales responden: por la OPA de Gas Natural. Se trata de castigar al propietario de Gas Natural y, ya de paso, a los políticos no afines. Caruana es amigo de Manuel Pizarro, ciertamente, pero poner en solfa la independencia del Banco de España, y acusarle de estar filtrando información confidencial a la prensa información obtenida en el ejercicio de su cargo, es realmente grave. No sólo eso, sino que el grado de politización de la OPA de GN sobe Endesa ha llegado a ser de tal calibre que los socialistas no se conforman con apuntar a la cabeza, Caruana, sino que saltándose al vicegobernador, Gonzalo Gil, se centran en la figura del director general de Supervisión Bancaria, Pedro Pablo Villasante, al que en Moncloa consideran simpatizante del Partido Popular, y al que muchos socialistas juran venganza cuando Caruana abandone, por imperativo legal, el cargo, el próximo mes de junio.