Todos aplaudimos cuando se congeló la oferta pública de empleo. Pero al final, la administración sigue contratando interinos que terminan consolidándose. O lo que es peor, echando mano de empresas privadas para hacer frente a las necesidades del servicio. Es lo que ha ocurrido con la Intervención General del Estado. Ante la ausencia de medios, el Gobierno contrata a auditoras privadas, tal y como publica el BOE este viernes. ¿Ahorro de costes? Lo inverso. Con el agravante de no ser funcionarios y por lo tanto no ser incorruptibles.
Andrés Velázquez
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