La financiación a las comunidades autónomas está cerrada. Pero toda norma tiene su excepción. Y la excepción se llama convenios. A través de esta fórmula, el Gobierno puede desviar fondos a las CCAA. Y en la actual coyuntura, dirigir fondos a las CCAA encabezadas por los populares resulta esencial.
Así que una de las últimas actuaciones del Ejecutivo popular será firmar con la Xunta de Galicia un convenio para el tratamiento de residuos procedentes del Prestige. El convenio asciende a 48 millones de euros, 24 financiados por la Administración central y otros 24 por la Xunta gallega.
El convenio con la Xunta no es un caso aislado. Tras el 14-M se firmó un convenio con las Islas Baleares para la financiación de la infraestructura de costas de una cuantía que algunos consideran injustificada, a no ser que la explicación sea que Jaume Matas se merece un premio por su buen hacer en el Ministerio de Agricultura. Estos son sólo dos ejemplos de los convenios firmados por la Administración General del Estado con CCAA y Ayuntamientos. Curiosamente, casi siempre con las del mismo signo.