Valencianos y murcianos confían en que la ministra de Igualdad garantice igualdad trato para catalanes, valencianos, murcianos y almerienses

El pasado viernes 18, el Gobierno aprobó mediante Real Decreto Ley lo que han denominado una conducción de emergencia de Tarragona-Abrera. El objetivo -según señaló De la Vega- es garantizar el abastecimiento de las poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona.

La decisión gubernamental ha despertado una guerra de agua que será objeto de análisis en el Club de la Palabra de Intereconomía TV. Asistirán el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, José Ramón García Antón y el consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá Cerdá. ¿La cita? Este domingo 27, a las 20,30.

Según los cálculos del Gobierno, los 149 hectómetros cúbicos de los embalses de Cataluña sólo garantizan el abastecimiento hasta octubre. Eso significa que a partir de entonces, 5 millones de barceloneses podrían quedarse sin agua para beber.

El Gobierno ha justificado la obra debido a su carácter urgente y temporal ya que -según ha informado De la Vega- el próximo 1 de junio estará en marcha la desaladora de El Prat. Además, la vicepresidenta considera que la conducción es sostenible porque no se extrae ni una sola gota adicional del Ebro. Y además -añade De la Vega- no tiene impacto medioambiental porque se construirá sobre una infraestructura ya existente, la AP7.

El Gobierno no entiende las críticas de la oposición cuando se trata de una conducción igual -señalan- a la realizada en Benidorm en 1999. La conducción Fenoller-Amadorio de 48 kilómetros, permitió transportar 20 hectómetros cúbicos para paliar la sequía de Benidorm y su comarca entre 1999 y 2001.

Según el Ejecutivo Zapatero el no trasvase también es idéntico a la conducción Tous-Manises de 1979. Entonces se realizaron 60 kilómetros de conducción que permitieron transportar 60 hectómetros cúbicos procedentes del agua para riego de regantes del Júcar en Castilla la Mancha. Dicho no trasvase permitió abastecer el área metropolitana de Valencia durante los últimos dos ejercicios.

De la Vega sostiene que estas medidas permitirán ofrecer igualdad de trato a todos los españoles garantizando el abastecimiento humano sin restricciones. Los catalanes -dice la vicepresidenta- no tienen más derechos que el resto de españoles, pero tampoco menos.

El PP ha saludado el no trasvase, pero ha criticado la incoherencia de un Gobierno que derogó el trasvase del Ebro para ahora enmendarse a medias. Los presidentes valencianos y murcianos, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, han pedido que se extienda la medida catalana a sus respectivas comunidades autónomas en exigencia de igualdad de trato. Sospechan que la medida ha sido tomada debido a la presión ejercida por un crecido PSC. Así que en caso de que el no trasvase no se extienda a sus comunidades, amenazan con llevar el caso al Tribunal Constitucional. Argumentan que abrir el grifo para Barcelona y cerrarlo para el Valencia, Murcia y Almería supone una quiebra de la igualdad de trato de todos los españoles.

Camps y Valcárcel aseguran que no convocarán manifestaciones, pero sí apoyarán los movimientos cívicos que se formen alrededor de la exigencia de un trato igualitario para todos los españoles. Las espadas están en alto. Ha comenzado la guerra del agua.