Argumentan el recurso y la petición de suspensión cautelar en la ausencia de proporcionalidad

Un argumento nuevo que nunca había sido esgrimido hasta ahora por el Gobierno. También las Cajas del País Vasco y de Cataluña tienen escasa representación de los ayuntamientos.

La batalla por Caja Madrid ha dado un vuelco monumental. La Abogacía del Estado ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas. ¿El argumento? No se trata de la dudosa retroactividad habida cuenta de que la norma se aprueba una vez iniciado el proceso, aunque Solbes asegura que le choca. El argumento esgrimido es que la ley madrileña no encaja con la proporcionalidad requerida en la ley Estatal.

Según el vicepresidente el propio Consejo de Estado ha instado a presentar ese recurso de inconstitucionalidad. Con estos argumentos no es fácil no presentarlo. Y así se ha hecho.

Sin embargo, cabe destacar varias cuestiones. En primer lugar que ni Solbes ni nadie del Gobierno ha utilizado este argumento jamás. El único que lo ha esgrimido ha sido Gallardón porque lógicamente sale perjudicado por la Ley de Cajas de Esperanza.

Pero sobre todo, existen antecedentes de leyes de cajas donde los ayuntamientos cuentan con escaso apoyo. A saber: Ley de Cajas del País Vasco. El Gobierno no la recurre porque la Ley autonómica es anterior a la estatal. ¿Y no debe de modificar las normas autonómicas previas? En el caso catalán, hubo un problema administrativo. ¿Suficientemente importante como para no poder interponer el recurso?

Solbes de todas formas, lo dice con la boca pequeña. Porque igual que informa sobre el recurso, señala que hay argumentos a favor y en contra y que lo que desean es que sea el Constitucional quien aclare la situación.

A partir de ahora la situación es la siguiente: si el TC acepta las medidas cautelares requeridas por la Abogacía del Estado, la Ley de Cajas de Esperanza queda paralizada y Blesa sale reforzado. Si por el contrario, el TC no acepta las cautelares y decide sobre el fondo, Blesa suspende el proceso de elección por cinco meses, que es el periodo que tiene el Alto Tribunal para responder. También gana Blesa. ¿Y el Gobierno, qué es lo que gana?