El objetivo es lograr que el aborto sea "libre y gratuito" sin necesidad de modificar la Ley

La vicepresidenta De la Vega ha informado sobre un informe elaborado por el ministro de sanidad y el de Justicia en relación al aborto. El informe se elabora tras "consensuar" con los profesionales, centros y colectivos implicados, añade. O sea, tras la entrevista mantenida con la patronal abortera. La patronal -como todas- se reúne con el Gobierno para trasladarle sus demandas. Y en este caso, como tenemos un Gobierno muy progre, se ha echado en manos del capital para lo que sea menester. ¿Socialismo?

Veamos, el ministro Soria se plantea elaborar una norma básica, "probablemente un decreto" que garantice la equidad y calidad del servicio incluido en la cartera sanitaria. Traducimos: se trataría de garantizar la gratuidad del aborto en todas las mujeres, según explican posteriormente fuentes de Moncloa. Este real decreto regularía las condiciones jurídicas de los convenios. Establecería las exigencias sanitarias, instrumentales, profesionales, y el precio. "Respetando siempre a las CCAA", añade De la Vega. Aunque recuerda que la ley básica es básica y por tanto de obligatorio cumplimiento.

El proceso sería relativamente largo porque exige contar con un borrador, llevarlo a la sectorial interterritorial de Salud, contar con el informe preceptivo del Consejo de Estado. O sea, que queda para la próxima legislatura, lo más posible.

En paralelo, Justicia ha pedido a la Agencia de protección de Datos un informe técnico sobre la confidencialidad de los datos. En base a este informe se establecerían los límites a las funciones inspectoras de las CCAA, así como una regulación para la guarda y custodia de las historias. Algo que estaría muy bien, porque de esta manera nos enteraríamos de verdad de los abortos que se practican en España.

Habida cuenta de que Soria ha hablado abiertamente del "derecho al aborto" y de que la misma vicepresidenta se ha referido al "derecho" de las mujeres "a reclamar sus derechos dentro de los supuestos permitidos en la Ley, a reclamar", cabe interpretar el sentido de esta medida. "No vamos a tolerar que se ponga en riesgo la intimidad y confidencialidad de las mujeres". ¿Por qué pensáis que está en riesgo?, preguntamos. "Hombre, te llega la Guardia civil a tu casa…", responde De la Vega. Curiosa respuesta. Porque ocurre que hace dos semanas señalaba que la advertencia iba sobre las CCAA, no sobre los jueces. Al fin y al cabo, argumentaba Hispanidad, los jueces ya tienen al CGPJ para que supervise y eventualmente sancione si es que ha habido excelso de celo.

¿Y las CCAA? ¿Es que los funcionarios de las consejerías no son suficientemente garantes de la confidencialidad de los datos? De la Vega no quiere contestar. No obstante, la idea es clara: torpedear las actuaciones iniciadas por la Comunidad de Madrid que por cierto, ya han detectado cientos de irregularidades. ¿Se puede poner en riesgo estas investigaciones? "A nadie le tiene que incomodar que tratemos de garantizar la confidencialidad e intimidad de las mujeres que han sufrido un aborto", responde De la Vega. Quien tenga oídos para oír, que oiga.