El Ejecutivo no valora como varapalo el hecho de que la Comisión haya remitido un informe al gobierno valorando como incompatibles con el libre tráfico de capitales las condiciones impuestas por la CNE a E.On. Para la vicepresidenta De la Vega se trata de un informe preliminar y se mostró abierta a dialogar con el Ejecutivo comunitario en la confianza de que tenemos razón. Desde esta óptica, el gobierno considera que las condiciones son razonables y no observa necesidad de rectificar y mucho menos de negociar con la compañía alemana. Son las empresas las que deben de negociar, no los gobiernos.
Una chulería que le puede salir cara al gobierno. ¿No temen ustedes que les abran un expediente sancionador?, le pregunta un plumífero. No, porque hemos hecho las cosas bien y estamos seguros de podérselo explicar a la Comisión Europea.