Otra de cinismo: el pasado viernes la vicepresidenta Económica aseguraba a Hispanidad que las entidades son muy dueñas de buscar la forma de alcanzar los mínimos exigidos y que no tienen obligación de vender sus participaciones industriales. En el fondo, Salgado se estaba zafando de la cuestión, puesto que lo que preguntábamos no era si existirá una obligación legal, sino si las cajas se verán obligadas a vender acciones. En todo caso, aunque no haya tal obligación legal, el Real Decreto sí facilita esa venta. O más bien se lo pone fácil a los compradores, ya que la normativa contempla que si un accionista alcanza el 30% en una sociedad tras haber adquirido las participaciones de una entidad en apuros está eximido de la OPA.
El limite del 30% se puso en defensa del pequeño accionista y del tejido industrial. Ahora, para facilitar que las cajas obtengan capital, deja a los accionistas a merced de la especulación y saca a la industria estratégica al mercado de las gangas.
Mariano Tomás
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