Este viernes el vicepresidente territorial, Manuel Chaves, ha presentado un informe con pretensiones de concretar los impulsos que el Gobierno quiere dar para contentar a los catalanistas. Montilla había dicho que no era cuestión de unos traspasos o unas leyes, sino de un tema de fondo. Pero el informe Chaves es exactamente lo que Montilla no quería. En primer lugar se mandata al ministro de Justicia para que elabore una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que de paso a los consejos judiciales autonómicos. Un tema en el que no hubo consenso parlamentario, pero que el gobierno quiere volver a intentar. Nada nuevo, porque el Gobierno vendió este tema desde el principio. La novedad es que quizás los fiscales podrían participar en estos consejos de Justicia y que se regulará también la segunda instancia, la casación.
En segundo lugar, a finales de agosto se fijará la fecha para la celebración de la Comisión Delegada de Política Autonómica en la que se fijen los traspasos pendientes y aquellos que iniciados habría que impulsar. A partir de ahí se convocaría la comisión bilateral correspondiente ¿Antes de las elecciones catalanas? La vicepresidenta De la Vega no se moja en la respuesta, pero da a entender que se podría convocar la comisión delegada en septiembre y que por tanto, daría tiempo para que se hicieran los traspasos de competencias antes de las próximas catalanas. Para tratar de salvar los muebles.