La justicia trabaja contra el pobre Pedro J. Ramírez, y frustra su estrategia de verano

 

No hay derecho. Con lo bien que había planteado Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, la estrategia estival, agosteña, y va la inspección de Justicia y se lo chafa. Así no hay manera de planificar.

 

Pedro José quería convertir la demanda contra el presidente de Telefónica, César Alierta, contra su mujer y su sobrino, Luis Javier Placer, en la estrella informativa del verano. Todo estaba preparado: el 2 de agosto se incorporaba a su despacho su gran aliado (queremos decir, coincidente) el juez titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, tras unas merecidas vacaciones por su ingente trabajo durante el mes de junio. Al finalizar el curso escolar, Torres impuso a Alierta una fianza de 5 millones de euros para dejar bien claro que la opinión de su predecesor, que había sobreseído el caso, no coincidía con la suya.

 

Quizás por ello, recomendó a su sustituta, Julia Martínez, que no moviera el asunto hasta su regreso.

 

Y todo transcurría según lo previsto por Ramírez y por Torres, pero algo sucedió el lunes 26. Ese día se presentó en el juzgado un inspector, y le comunicó a la juez Martínez que por qué no había movido el expediente sobre el conflicto de competencias planteado por Luis Javier Placer. En pocas palabras, resulta que el sobrino de Alierta digamos que no se fiaba, vaya usted a saber por qué, de un juez como Torres que, renunciando a un ascenso seguro, y tan amigo del ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que fuera quien comenzara, se había empeñado en pedir justamente el juzgado 32. El inspector le recuerda a la juez que un conflicto de competencias no puede dormir el sueño de los justos, y Martínez, obediente, firma el expediente y lo envía al Supremo, que tendrá que decidir si el caso Alierta lo lleva la Audiencia Nacional o el Juzgado 32.

 

¿Qué significa esto? Pues que, salvo causa mayor, si a su regreso el juez Torres se empeña en dictar providencias, llamar a testigos, etc., podría incurrir en prevaricación, dado que primero ha de decidirse quién juzga al presidente de Telefónica por un presunto delito de uso de información privilegiada.

 

Días atrás publicamos en Hispanidad que varios periodistas de El Mundo presionaban a los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que hicieran oídos sordos a la denuncia presentada ante este organismo por César Alierta, quien se siente perseguido por el juez Torres. Pero la presión de los periodistas sobre el Consejo se queda en agua de borrajas comparada con la realizada por otros dos elementos. En primer lugar, la realizada ante el inspector y la juez por Adolfo Priego, miembro del Consejo General del Poder Judicial (dirige su División de Estudios) y hermano de Victoria Prego, subdirectora de El Mundo, y Enrique Gimbernat, miembro del Consejo Editorial de El Mundo, catedrático de Derecho Penal (muy bueno, por cierto) y defensor de Pedro J., Ramírez en el famoso caso del vídeo sexual.

 

Por cierto, si Pedro J. Ramírez tenía prisa en enfilar a Alierta durante el mes de agosto, también era porque en septiembre se celebrará otra vista judicial: José María Davó, Casimiro García Abadillo y la periodista de Época, Eugenia Viñes, tendrán que declarar acerca de la entrevista realizada por Viñes a Davó, responsable de la Asociación de Accionistas AUGE, en el semanario Época, según la cual todo era un montaje para sacarle dinero a Alierta, mientras confesaba estar en permanente contacto con Casimiro García Abadillo.

 

Dicen las encuestas que los españoles no tienen ninguna confianza en su administración de justicia, incluso menos que en políticos: ¿Por qué será? Porque la operación del sobrino de Alierta es fea, pero mucho más feo es la utilización de la justicia y de los medios informativos para cobrarse piezas de caza.