También está imputado el propio Rato. El juez entiende que la única razón por la que Banesto compró Aguas de Fuensanta fue ganarse el favor de Rato. El poder se protege a sí mismo: ZP interfirió en la labor de instrucción a favor del entonces director gerente del FMI. Moratinos estuvo un año sin responder sobre si Rato estaba aforado para evitar que se pusiera en marcha la instrucción. Botín: al margen de la ley. Ya consiguió que la Abogacía del Estado se inhibiera en el caso de las cesiones de crédito

Lo veníamos informando desde hacía tiempo. El juez que instruye el caso de Aguas de Fuensanta había remitido oficio al Ministerio de Exteriores para conocer la situación de aforado, o no, del hoy ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato. Y eso a pesar de que Rato tenía categoría de Jefe de Estado. Es decir, estaba aforado. Pero los jueces deben cuidar las formas. Una vez que Moratinos le hubiera confirmado el aforamiento, le hubiera pedido que iniciara el proceso especial de enjuiciamiento. Así que el Gobierno Zapatero prefirió esperar y ver. Como no tenía plazo para contestar, se pasó un año entero dilatando el proceso, congelando la instrucción, interfiriendo en la labor del juez.

Ya saben, el poder se protege a sí mismo. Moratinos realizó estas maniobras de distracción para no ensuciar públicamente al español con mayores responsabilidades internacionales.

Pero el problema se ha resuelto en el mismo momento en que el propio Rato abandona el FMI. A partir de entonces está claro que no está aforado. Así que el juzgado ha aprovechado para imputarle en el caso de Aguas de Fuensanta. Deberá presentarse en plaza de Castilla el próximo 27 de mayo. Será entonces cuando todos sus detractores se perpetrarán de cámaras de foto y de vídeo para grabar la escena de la entrada en el juzgado. Da igual si finalmente es condenado o absuelto: la imagen de sospechoso recorrerá las pantallas. Un mazazo en sus supuestas intenciones de liderar el partido.

Por supuesto, también han sido imputados tanto Emilio Botín como su hermano Jaime y el consejero delegado del Santander, Alfredo Saez, entre otros 15 imputados de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y cohecho. Declararán ante el juez este jueves 8 de mayo.

Los cálculos del juez son sencillos. En 1999 (gobernando el PP) Banesto pagó 1.000 millones de pesetas por el 45,3% de una sociedad que tenía 1.571,6 millones de pesetas de deudas y 1.153,4 de de fondos propios. O sea, que estaba en quiebra técnica. Así que el juez concluye que el único objetivo de la compra fue ganarse el favor de Rato. Así de claro. El asunto ha sido extraordinariamente bien contado por Rafael Pérez Escolar en sus memorias.

No pintan bien ni para el ex director del FMI ni para el presidente de Banesto.  Claro que estamos en instrucción. Ya sólo falta que quien juzgue tenga las agallas de seguir adelante con esta clase de matemáticas básicas. Porque conviene recordar que a Botín no le termina de convencer esto del Estado de Derecho. Consiguió que estando imputado de delito fiscal, la misma Abogacía del Estado se inhibiera en el asunto de las cesiones de crédito. Eso, después de estar 14 años de instrucción también dilatada por razones formales, con presiones a la jueza Palacios incluidas. Y lo más llamativo: resulta que hay señores que utilizaron las famosas cesiones de crédito que han sido imputados y condenados. Sin embargo, el instrumento utilizado para la operación, queda impune. Así que D. Emilio confía en que en este caso, las cosas funcionen igual.

 

El último capítulo es el mediático. ¿Por qué Pedro Jota casi esconde la información? ¿Quizás porque D. Emilio es el gran financiador de El Mundo? ¿Quizás porque espera que Ana Patricia -con quien mantiene una estrecha amistad- le haga consejero del Banesto tipo Cebrián en el Santander?