Nunca antes en la historia reciente de nuestra democracia se había producido una campaña difamatoria, bajo apariencia de malversación de caudales públicos, en el seno de la cúpula del más Alto órgano judicial, que se ha cobrado la renuncia del Presidente del TS y del CGPJ.
Se ha orquestado y ganado una brutal campaña denigratoria en la opinión pública para remover de su puesto al máximo representante judicial, organizando un juicio paralelo en el que el acusado, erróneamente, no ha querido defenderse. La equivocación de Dívar ha sido apelar a su conciencia y a las instituciones, y de nada ha servido que ni la Fiscalía General del Estado ni el Pleno de Tribunal Supremo hayan dictado que no existe responsabilidad penal e ilegalidad alguna. Entre otras cosas porque los Consejeros no tenían que justificar sus gastos.
La manipulación calumniosa de la opinión pública ha sido de tal dimensión que ha activado todos los resortes posibles para conseguir ese fin, ante unos Consejeros pusilánimes que han pensado más en sus intereses personales que en la denuncia falsa e injusta. Este Magistrado era independiente, no tenía ninguna adscripción política ni pertenecía ninguna asociación judicial, con lo que le han dejado a los pies de los caballos, completamente sólo, sin que ninguna institución haya sido capaz de poner freno a esta venganza.
Luego, hemos comprobado –para corroborar la injusticia- que los gastos de los Consejeros son del mismo montante que los del Magistrado linchado y calumniado. Estamos en una sociedad sin recursos morales, fácilmente manipulable, anestesiada para el análisis certero, y en la que es más importante el escándalo mediático de una supuesta corrupción que lo que diga el Tribunal Supremo. No se han tenido escrúpulos en atravesar la frontera de la intimidad privada de la persona calumniada, atacando sus convicciones religiosas e imaginarias tendencias sexuales, para no dejar ningún cabo suelto en esta repugnante patraña.
La máxima de la propagando goebbelina de que "una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad", o el refrán de "calumnia que algo queda", una vez más, ha surtido efecto. Es lamentable que, quiénes hacen un uso torticero de la justicia, manipulando la opinión pública, tergiversando la realidad de los hechos, consigan destrozar injustamente a las personas e instituciones, por intereses abyectos, sin que el Estado de Derecho sea capaz de poner límites a semejantes despropósitos.
Javier Pereda Pereda