El patrimonio de los jueces debe saberse. Todo el mundo tiene obligación de declarar su patrimonio, salvo los jueces. Diputados y senadores están obligados a hacer públicas sus fortunas para que podamos vigilar si se enriquecen con su cargo. Sin embargo, jueces y fiscales están exentos del mencionado deber. Lo cual puede resultar peligroso porque mi experiencia personal de un cuarto de siglo como periodista me dice que hay corrupción en la política, la empresa y el periodismo, pero ninguna de ellas puede equipararse con la corrupción judicial, mucho más profunda. Y, probablemente, la corrupción judicial más importante de todas no consista en la prevaricación a cambio de dinero, sino en la falta de ecuanimidad. Un poner: ¿a alguno de ustedes les gustaría ser citado en una causa donde el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, interviniera como fiscal?
Y así suceden cosas como que en los juzgados de Marbella una juez acuse a sus compañeros y luego resulte acusada. Juzgados que, además, han dado lugar a la Operación Malaya.
O sucede que la Audiencia Provincial de Madrid condena a Gas Natural e Iberdrola a una multa por recusar a la juez Miriam Iglesias, del Juzgado número 3 de lo Mercantil de Madrid. Veamos, Iglesias fue la juez que paralizó la opa de Gas Natural sobre Endesa, a pesar de ser la esposa de don Francisco Prada, el hombre que presidió la Agencia Industrial del Estado cuando la privatización de Endesa. Curioso, porque Prada tenía a sus órdenes a Borja Acha, hoy jurista de Endesa. El caso es que Iglesias paralizó la opa de Gas Natural, y los juristas de la empresa catalana, al igual que los de Iberdrola, se cansaron de lo que consideraban un trato desigual y la recusaron. Ahora, la Audiencia Provincial, que en su día abroncó a Miriam Iglesias, no sólo no admite la recusación sino que incluso abronca y multa a los recusadores. No entro en si la decisión se ajusta a derecho o no, pero convendrán conmigo en que resulta todo un aviso para navegantes.
¿Y cómo es posible que las sentencias cambien de dirección con tanta celeridad? ¿Cómo es posible que el Ministerio fiscal dé siempre con el fiscal que necesita para salirse con la suya? ¿Cómo es posible que el fiscal Fernando Burgos considere que De Juana Chaos no merezca estar en la cárcel 90 años –como pretendía su compañero- sino 13, o 6? ¿Cómo es posible que De Juana Chaos pase de su cómoda cama del hospital a la cárcel? ¿Cómo es posible que el mismo fiscal Fernando Burgos considere que el Tribunal debe dejar libre a Arnaldo Otegui y ahora Otegui entre en prisión? ¿Cómo es posible que la jueza Teresa Palacios, más la sala de la Audiencia Nacional, considere, tras 14 años de instrucción, que Emilio Botín merece ir a la cárcel por 14 años y el juez Gómez Bermúdez anule todo el caso en la formalidad de la vista previa?
Uno puede creer en las coincidencias, pero no en las casualidades. Que el patrimonio de jueces y fiscales sea transparente, por favor. Al menos, tendremos pistas.
Eulogio López