• El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, recuerda que el Estado de Derecho impide los cambios unilaterales de las normas pactadas.
  • Felipe VI acude por primera vez para presidir la a apertura del año judicial, con toga y el collar de la Justicia.
  • Torres-Dulce afirma que la Constitución "nunca dificulta la convivencia pacífica entre los españoles".
  • El fiscal general asegura que "el frente judicial contra la corrupción empieza a rendir frutos".
  • Pero reconoce que "la respuesta del sistema judicial penal es en exceso lenta y a veces desigual".
Cerrada defensa, hoy miércoles, durante la apertura del año judicial, de las reglas del juego del Estado de Derecho, sostenido por la Constitución, por parte del poder judicial. Es decir, defensa y aviso en toda regla al desafío independentista catalán.

Por cierto que la apertura del año judicial ha estado presidida por primera vez por el Rey Felipe VI, con toga y el collar de la Justicia.

Pero volvamos a las palabras. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes (en la imagen), ha asegurado que el respeto al Estado de Derecho constituye una "exigencia ineludible" para pertenecer a la Unión Europea y que esta "lealtad institucional" impide el "cambio unilateral de las reglas del juego" que han de regir nuestras convivencia.

Lesmes ha expresado que los jueces son conscientes de que España experimenta "importantes transformaciones" y padece "incertidumbres sociales y políticas", lo cual afianza su convicción de que solo mediante la observancia del Derecho, el respeto a la Constitución y "en la unidad pero con respeto a la diversidad, será posible la convivencia pacífica y la prosperidad de los españoles".

Por su parte, y en la misma línea, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho durante su discurso que "todas las ideas y las personas" tienen cabida en España y que es la Constitución "la que ampara, nunca la que dificulta la convivencia pacífica entre los españoles".

Torres-Dulce también se ha referido en su discurso a la existencia del "problema de la corrupción" señalando que existe la corrupción política "que mina la credibilidad del sistema democrático", aunque tampoco puede ignorarse la corrupción privada, "que en el terreno financiero compromete gravemente la estabilidad económica y la distribución de la riqueza", provocando "crisis con repercusiones sociales que amplían desigualdades intolerables".

A este respecto, ha reconocido que "el frente judicial contra la corrupción empieza a rendir frutos", de lo que es muestra el porcentaje de condenas logradas, un total de 18 en 2013 todas ellas conformes total o parcialmente con la acusación ejercida por el Ministerio Público.

No obstante, ha reconocido que "la respuesta del sistema judicial penal es en exceso lenta y a veces desigual" y que precisamente por esta razón debe demandar "medios que cambien este rumbo", así como modificar "hábitos procesales y organizativos propios" que actualmente "lastran" la eficiencia de la Justicia.

Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com