La existencia de un órgano regulador de ámbito estatal para hacer cumplir la legislación audiovisual es norma común en los Estados miembro de la UE, en los países desarrollados de todo el mundo y en buena parte de las naciones emergentes. España se constituye así en una excepción poco honrosa en lo que se refiere a la defensa de los derechos de los espectadores, especialmente de los menores, y no debe ser motivo de orgullo, sino todo lo contrario, el hecho de que a pesar de que ya en el año 93 el Senado instara de forma prácticamente unánime la creación e ese Consejo todavía en 2011 no se haya puesto en marcha.
La actual posición del PP en relación a este asunto no puede calificarse sino de demagógica, ya que por un lado considera que el Consejo Audiovisual es un "órgano censor" que "amenaza la libertad de expresión" y por otro pide que esas competencias sean asumidas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Pero a la demagogia une además la incoherencia, ya que recientemente desde el Grupo Popular en el Senado se ha exigido al Ministerio de Industria una mayor diligencia a la hora de hacer cumplir a las televisiones la misma legislación audiovisual que habría de aplicar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
Es decir, considera "peligroso" para las libertades que un órgano independiente del Gobierno, propuesto por mayoría parlamentaria, vele por el cumplimiento de la regulación en materia de contenidos televisivos, pero acepta y promueve que lo haga un órgano directamente gubernamental como la SETSI.
Por otra parte, al adoptar esa posición contraria al Consejo Audiovisual, el Partido Popular da la espalda a las reivindicaciones que durante décadas han venido manteniendo todo tipo de organizaciones sociales; de telespectadores y usuarios de los medios; de consumidores; de padres y madres, o de protección de la infancia. Y ello sin distinción de planteamientos morales o ideológicos, lo que significa que en este terreno el PP desatiende a una parte importante de su propio electorado preocupado por la calidad de los contenidos televisivos, por la protección de los menores ante los abusos en la programación televisiva, por la veracidad en los contenidos informativos o publicitarios. Aspectos todos ellos que la Ley General Audiovisual, trasposición de una Directiva europea que es norma también en todos los países de nuestro entorno, pretende garantizar del modo más eficaz.
Hacemos por tanto una llamada al Partido Popular para que rectifique su posición y contribuya a la constitución, en el plazo más breve posible, del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, en las condiciones de dimensionamiento que la actual situación económica aconseje.
Asociación de Usuarios de la Comunicación