El Fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, quiere conocer todos los asuntos relacionados con el SCH

 

La Fiscalía Anticorrupción quiere conocer todos los asuntos abiertos sobre el SCH. El elefante dormido ha despertado de la mano del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya saben ese hombre tan independiente del poder político... Pues bien, Anticorrupción no sólo quiere conocer el sonoro caso de las indemnizaciones millonarias de José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, sino que manifiesta voluntad por conocer el asunto de las cesiones de crédito y el congelado asunto de cohecho y delito fiscal por las retribuciones a siete directivos de Alfredo Saéz en el reflotamiento de Banesto.

 

Esta última querella fue presentada por el abogado Rafael Pérez Escolar por entender exagerada y delictiva la entrega de 6,8 millones de acciones del Banesto al equipo reflotador del Banco Español de Crédito. La querella dormía en el cajón del juez Del Olmo, por cierto íntimo amigo del ex juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, actualmente letrado del despacho Uría & Menéndez. Casualmente Uría & Menéndez es el despacho elegido por Benjumea para defender al SCH. Pero esto, obviamente, es una mera casualidad.

 

De esta forma, el horizonte de Botín se encuentra más encapotado que el cielo de Bruselas. Según fuentes jurídicas, el PSOE podría estar forzando el adelanto de la jubilación de Botín como aviso para navegantes. Algo parecido a lo practicado el 23-F de 1983 con Rumasa. "Hemos llegado. Todo el mundo al suelo". Igualito que casi doce años antes...

 

De esta forma, el PSOE enviará un recado a la comunidad empresarial y financiera bastante transparente: "El que se mueva, no sale en la foto". La víctima sería Botín. Pero el agraciado con el gordo, sería el presidente del BBVA, Francisco González, quien ya sentía en la nuca el proyecto depredador de Botín (fusionarse SCH y BBVA). Porque un Gobierno se puede enfrentar con un banquero, pero con dos sería demasiado. Eso sí, FG sabría que si quiere mantenerse en la Presidencia, debe mantenerse quietecito. ¿La alternativa? Fiscalía Anticorrupción. Ojo, y también podría ocurrir que los nacionalistas vascos, ahora aliados del PSOE, exigieran que el BBVA se desespañolizara y se revasquizara. Un dialogante Zapatero estaría dispuesto a ello, seguro, pero entonces sobraría FG.

 

La peripecia judicial de Botín es el último capítulo de un culebrón con demasiados capítulos. El martes 11 por la tarde, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui solicitaron una prórroga a las millonarias fianzas exigidas por la juez Teresa Palacios por el asunto de las super-indemnizaciones. El querellante Rafael Pérez Escolar se mostró paciente. Pero, hete aquí, que el presidente del SCH, Emilio Botín, optó por depositar los 164 millones exigidos por la titular del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios. ¿Qué había ocurrido? Pues que en un principio Botín se había negado a pagar la fianza y había retado a la juez Teresa Palacios, pidiendo que Pérez Escolar aportara un fianza de la fianza, es decir, los casi 4 millones de euros que le iba a costar a Botín el aval de La Caixa. Al final, decidió dar marcha atrás y no arriesgarse a la vergüenza de un embargo: lo puso todo y Amusátegui y Corcóstegui han vuelto a hacer piña con Botín. Hay peticiones de cárcel de por medio.

 

La operación llegaba avalada por La Caixa, un favor que seguramente Ricard Fornesa será capaz de explicar. Por otra parte, la asunción de Botín de la responsabilidad solidaria de manera unilateral supone una clara escenificación de la ruptura entre los tres querellados. Una quiebra que ya se había hecho patente ante las distintas estrategias de defensa diseñadas por sus respectivos abogados. Mientras que algunos eran partidarios de afrontar el juicio, otros eran partidarios de maniobras dilatorias. El "árbitro" Gustavo Villapalos tampoco fue capaz de hacerles consensuar una postura común y Botín optó por poner los 164 millones de euros exigidos encima de la mesa.

 

La situación de Botín se complica, tras el rechazo del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional (TC). La tarde del lunes 10 fue de las que hicieron época. La ponencia corría a cargo de García Calvo, que, a pesar de utilizar la jurisprudencia para argumentar la necesidad de rechazar el recurso, no logró el apoyo necesario, alcanzando un empate de 3 a 3, que Jiménez de Parga estaba dispuesto a resolver a favor del poderoso con su conocido voto de calidad. No pudo ser porque finalmente uno de los miembros del TC cambió su posición y el recurso fue rechazado por 4 votos a 2.

 

Esa es la segunda en la frente, porque la primera fue la decisión de la juez Teresa Palacios de rechazar el surrealista escrito presentado por Emilio Botín exigiendo que la acusación avalase la fianza exigida. Algo así como "yo deposito, pero, por si usted falla, haga el favor de depositar los costes financieros de mi fianza que le voy a exigir". Es la tradicional maniobra de los poderosos para frenar el mecanismo de justicia: establecer indemnizaciones cautelares millonarias que el poderoso no puede costear. De esta forma, el mecanismo de la justicia queda blindado.

 

Aunque no tanto, porque los organismos supervisores tienen herramientas para saltarse este procedimiento, actuando de "oficio" y asumiendo estas indemnizaciones exigidas si observan conductas irregulares en el ámbito mercantil.

 

Así las cosas, el horizonte judicial de Botín se encuentra, en efecto, más encapotado que el cielo de Bruselas. La Fiscalía Anticorrupción estudia ahora la posibilidad de reclamar el caso de las indemnizaciones millonarias. Y el proceso abierto por las cesiones de crédito sigue su curso, a pesar de la lentitud del servicio de reprografía de la Audiencia Nacional. Malos tiempos para un Botín que no encuentra en Zapatero ninguna voluntad de enfangarse con herencias que no le pertenecen.