Claro que para obligar a respetar un sentido de la vida, una serie de principios, hay que tener alguno.
Pero a lo que estamos, Manuela, que se nos va la tarde. Yo no puedo criticar la propuesta de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, aunque resulte una propuesta muy adecuada a su mala uva, simplemente porque creo que será útil. Rumí quiere que los inmigrantes denuncien a los empresarios que les explotan. En principio, esto del chivateo es poco elegante. En el colegio de mi infancia, constituía el más grave sacrilegio que podía cometerse en un alumnado consciente de su dignidad. Grave podía haber sido la falta, pero mucho más grave resultaba el largarlo a quien no se debía. Nobleza obliga.
Ahora bien, quizás porque he crecido y me he hecho más cínico, o quizás porque antes de juzgar conviene ponerse en el lugar del juzgado, sí conviene apoyar una medida que tiene más de justa que de eficaz. De lo que estamos hablando es de empresarios que se lucran de la siguiente forma: El inmigrante ilegal les paga (por lo general durante un año, para acceder al permiso de trabajo) la Seguridad Social y una comisión extra a cambio de que le apunte en su plantilla. Eso quiere decir, no sólo que el inmigrante no realiza el trabajo cuyas cuotas sociales abona, sino que debe trabajar en la economía sumergida para conseguir el dinero suficiente para dos cosas: pagar al empresario sin escrúpulos y llegar a fin de mes. ¿Qué quieren que les diga? A lo mejor ese miserable (el empresario, no el inmigrante) merece ser denunciado para romper así el círculo de silenci ahora mismo, el inmigrante no puede denunciar a su explotador porque sería reconocer la ilegalidad que comete y la ilegalidad en la que vive.
Ahora bien, la medida de Rumí es muy socialista. De la misma forma que Carlos Solchaga y José Borrell, hoy flamante presidente del Parlamento Europeo, convirtió a todos los españoles en recaudadores de Hacienda, Rumí pretende ahora convertir a los inmigrantes en policías.
La pregunta del millón es: ¿Por qué puede haber empresarios sin escrúpulos que se saquen unos ingresos extra de trabajos inexistentes y de la necesidad ajena? Pues, en parte por haber cerrado las fronteras, y en parte por el hecho de que las prestaciones sociales de algunos empleos de escasa cualificación (precisamente los empleos que aceptan los inmigrantes y rechazan los españoles), como jornalero agrícola, peón, y servicio doméstico (importantísimo, este último) no están bonificados, al menos no lo suficiente, en la Seguridad Social. Por decirles algo, ¿creen ustedes que es lógico que por una jornada de 4 horas de una empleada del hogar, lo que en orden al salario mínimo le corresponderían unos 230 euros al mes, es lógico que se pague una Seguridad Social de 100 euros, que no distingue entre trabajadora a tiempo parcial o total? Conclusión: casi todas las inmigrantes que trabajan en servicio doméstico lo hacen en la economía sumergida. Y no crean que resulta tan injust ellas, y sus empleadores, prefieren que les paguen un salario un poco más digno y ni soñar con una pensión que seguramente no van a cobrar de la Seguridad Social española.
Y es que al final, lo que mal empieza mal acaba. Sin una política de fronteras abiertas, sin sentido de la vida en Occidente (que, como el PP, ya no se basa en el humanismo cristiano sino en el humanismo occidental), sin intentar exportar esa misma política de fronteras abiertas a toda Europa, y con un Estado recaudador, en efecto, el desastre está asegurado.
En el entretanto, no encuentro muchas razones para condenar la propuesta de Consuelo Rumí del chivatazo anti-empleador. Eso sí, no deja de ser como pretender fertilizar el desierto del Sahara con una cubeta de agua.
Eulogio López