El Partido Nacionalista Vasco (PNV), por boca de su presidente, Josu Jon Imaz, da por cerrado el debate sobre la legalidad del Plan Ibarreche, poco después de que el Tribunal Constitucional, por siete votos a favor y cinco en contra, decidiera no admitir a trámite el recurso de impugnación, presentado por el Gobierno de José María Aznar. Lo ha hecho por razones de forma, sin entrar en la cuestión de fondo. Es decir, sin decidir si el Plan nacionalista, que pretende convertir a Euskadi en un Estado asociado a España, una especie de Puerto Rico en Estados Unidos, se supone que como paso previo a la independencia total, es constitucional o no.
Y todo esto tres días después de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero. La verdad es que el PSOE no apoyó el recurso, e incluso se quejó al Gobierno Aznar de que no había contado con él, pero el propio Zapatero dejó claro que el Pan Ibarreche no le gusta. Eso sí, prometió diálogo con los nacionalistas.
Ahora, el Gobierno Zapatero prepara una alternativa al Plan Ibarreche, consistente en una modificación del actual Estatuto de Gernika, dentro de la cascada de renovaciones autonómicas que se preparan: Cataluña, Andalucía y Euskadi, por de pronto. Ahora bien, lo cierto es que el actual Estatuto pone difícil su ampliación, porque, a poco que se amplíe, se traspasa las fronteras constitucionales. Dicho de otra forma, ¿qué más se le puede dar a una comunidad que tiene concierto económico propio (es decir, que recauda impuestos y luego traspasa una parte al Estado central) y policía propia? Los vascos dicen que puede trocearse la caja de
En cualquier caso, Zapatero ha dado orden de forzar el diálogo hasta el final, haciendo que Ibarreche renuncie a su Plan, al tiempo que le ofrece una ampliación competencial. En la asignatura del diálogo, Zapatero va a tener en los nacionalismos vaco y catalán su prueba de fuego.