Ramón Jáuregui y Manuel Escudero pretenden una ley que regule la Responsabilidad Social Corporativa (SRC). Las 135 grandes compañías españolas firmantes del Pacto Mundial consideran que la RSC debe ser voluntaria, no forzosa. El Gobierno Zapatero postula el nombramiento del broker Salvador García-Atance.

El Pacto Mundial es un acuerdo de Naciones Unidas por el que las empresas se comprometen a cumplir una serie de acuerdos en pro de la sostenibilidad. La propia página (www.pactomundial.org) habla de iniciativa ética de Naciones Unidas, que enlaza directamente con otra de las iniciativas ideológicas que planean a día de hoy sobre las empresas occidentales: La reputación social corporativa, ya conocida por sus siglas RSC. Al final, lo que se busca es unificar criterios sobre ética empresarial o, dicho de otra forma, una especie de nuevo decálogo sobre ética económica. Tanto es así, que los mandamientos del Pacto Mundial se han quedado en nueve, quizás para distinguirse de aquel otro decálogo que tiñe su origen en Moisés.

Naciones Unidas firmó el Pacto Mundial en 1999, como una resolución de una de las Cumbres de Davos, ciudad suiza donde se reúnen los millonarios del mundo cada año. Así pues, no es de extrañar que esta nueva religión empresarial conste de varios principios que recogen lo políticamente correcto : feminismo y ecologismo, principalmente.

Y el éxito ha sido grande, porque no estar en algún foro de Responsabilidad Social Corporativa, de acción social empresarial, resulta, cuando menos, sospechoso. Por ejemplo, además de un larguísimo listado de pequeñas y medianas empresas, en la Plataforma Española del Pacto Mundial hay 135 grandes empresas españolas.  

Pues bien, el diario Cinco Días (edición del lunes  8) ha publicado que la Plataforma Española del Pacto Mundial se va a convertir en una asociación que presidirá Salvador García-Atance, quien fuera fundador y presidente de Asesores Bursátiles y conseguidor del mayor pelotazo español en una firma de intermediación bursátil. En efecto, su Asesores Bursátiles es hoy Morgan Stanley España. Hoy, sin problemas a fin de mes, García-Atance dirige la Fundación Lealtad, dedicada a fomentar la transparencia y las buenas prácticas (otra clave de la RSC) en las empresas no lucrativas.

Pero el secretario general y hombre clave en todo el entramado es Manuel Escudero, antiguo coordinador del famoso Programa 2000, realizado por el PSOE en tiempos de Felipe González. Manuel Escudero consiguió que Javier Chércoles, el hombre de Inditex, dimitiera de su cargo de presidente de la Plataforma Española del Foro Mundial.

Y es que el trasfondo de la información, por lo demás, totalmente correcta, tiene mucho recorrido. Escudero, a las órdenes de Ramón Jáuregui, es el muñidor de la Proposición de Ley presentada por el PSOE en el año 2002, y que el Gobierno Aznar vetó en el Parlamento. Una proposición que pretendía regular la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, es decir, sus obligaciones con la sociedad. El PP aludió, y tenía razón, que el Libro Verde de la Unión Europea afirma que la RSC debe ser voluntaria, nunca obligatoria.

Es la misma postura que defiende la inmensa mayoría de las 135 empresas que figuran en el capítulo español del Pacto Mundial. Entre otras cosas, porque consideran que una regulación de la RSC no sería más que un caballo de Troya de la Administración en la labor social de las empresas, que no sólo estaría regida por un documento fundacional de Naciones Unidas, ya bastante teledirigido hacia una ideología muy determinada bajo el nombre de sostenibilidad, sino que, además, sería rubricada, con toda la fuerza de la ley, por una norma que les indicaría hacia dónde dirigir su labor social y su actividad filantrópica.

Los socialistas siempre han respondido a estas críticas de intervencionismo afirmando que se trataría de una Ley de incentivación y no de sanción. Es decir, que subvencionarían o desgravarían a aquellas empresas que se comprometieran a cumplir los principios del Pacto Mundial y algún otro objetivo marcado por la ley. Sin embargo, no se sabe bien por qué, las empresas no se fían.

Porque, además, la meta del PSOE, de Jáuregui y de Escudero consiste en la creación de una Secretaría de Estado de Reputación Corporativa, naturalmente encargada de fomentar dicha ley. Por el momento, y dada la oposición general a una ley de este tipo, el Gobierno Zapatero, siempre a través de Jáuregui y Escudero, pretende crear un grupo de trabajo, un Comité de Sabios, que dictamine sobre la cuestión. El entusiasmo de las empresas es tal que ni tan siquiera se ha constituido dicho Comité. En cualquier caso, el objetivo sigue en pie: controlar la labor social de las empresas.     

Para conseguir todo ello, el nombramiento de García-Atance es el más idóneo. Nadie puede acusar a un especulador financiero de ser socialista. Haberlos haylos, y cada vez más, pero todavía se considera que el socialismo es de izquierdas y la especulación es de derechas y que socialismo y capitalismo se oponen frontalmente.