- Y lo que es peor: tendrá que devolver a Acciona 1.000 millones de euros.
- Artur Mas esperará a que termine el periplo judicial.
- Con eso puede aumentar el coste que ahora mismo no quiere confesar a los catalanes. Y el que venga detrás que arree.
- Y de postre, los consejeros del ramo, antes Luis Recoder y ahora Santi Vila, pueden incurrir en delito de prevaricación.
- Uno por la concesión de ATLL a Acciona en lugar de Agbar; el otro por desobedecer a los jueces.
En pocas palabras, el Tribunal Supremo (ver sentencia) avala las decisiones judiciales anteriores: la concesionaria de Aguas del Ter Llobregat (ATLL) debió adjudicarse a Agbar y no a los Entrecanales, esto es, a Acciona.
Entendámonos: es uno de los tres recursos -quedan dos pendientes-, pero prefigura los otros dos, que no pueden sino ir en la misma dirección.
Las consecuencias son graves, porque la operación se cerró con un monto total de 1.000 millones de euros, que el Gobierno catalán de Artur Mas (en la imagen) empleó para reducir el déficit de 2013. Y hablamos de un Gobierno en práctica bancarrota que ha logrado pagar sus deudas -como muy bien recuerdan, por si se les olvida, Cristóbal Montoro y Sáenz de Santamaría- gracias a créditos y trasferencias extraordinarias el Gobierno central.
¿Qué va a hacer ahora el Gobierno catalán ¿Dará marcha atrás adjudicando ATLL a Agbar, segundo en la puja, abrirá un nuevo proceso de adjudicación Lo que sea, supondrá la devolución de montante próximo a los 1.000 millones de euros.
Conclusión. Según fuentes de Convergencia a Hispanidad el asunto es esperar a que termine el periplo judicial y luego ya hablaremos.
Ahora bien, la técnica de dejar el muerto y el que venga detrás que arree puede resultar peligrosa. No olvidemos que el incumplimiento de la sentencia puede llevar a que el anterior conseller, el que presidió la mesa de contratación, Luis Recoder, y el actual, Santi Vila (quien además, aspira a suceder a Mas) puedan ser acusados de prevaricación. Fe acosa.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com