El Tribunal Supremo ha avalado la legalidad del órgano administrativo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que retira contenidos y suspende servicios de páginas web.
El fallo es un paso adelante necesario en defensa de la propiedad intelectual en nuestro país que refuerza con fundamentos jurídicos la política de tolerancia cero contra la "piratería".
Queda, sin embargo, trabajo por delante. El Gobierno acertará si interpreta la sentencia como un impulso para blindar de forma más justa los derechos de los creadores.
Xus D Madrid