Sr. Director:
Las tesis marxistas sobre el uso alternativo del derecho, vienen a sostener la desmitificación del carácter científico de la interpretación y aplicación del derecho por parte de los órganos judiciales. El derecho, para esta corriente de pensamiento, tendría una componente ideológica y política que responde a los intereses de una estructura económica, por lo que viene a ser una forma más de poder en manos de la clase dominante. Se trata por lo tanto de favorecer las contradicciones sociales, a través de interpretaciones progresistas que apuesten a favor de la clase trabajadora. Esta forma de plantear la interpretación jurídica no deja, cuando menos, de producir escándalo, al comprometer los principios de igualdad y seguridad jurídica, y en el fondo, la esencia misma del derecho.
La Constitución, establece que España es un Estado democrático de Derecho. Y dentro de este ámbito, una característica esencial de los Jueces y Magistrados es la independencia judicial, estando estos únicamente sometidos al imperio de la ley. Pero la izquierda y los socialistas, no están muy de acuerdo con la división de poderes de Montesquieu, confirmando Alfonso Guerra que había muerto. Hasta tal punto, que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, de la época felipista, nació viciada de grandes dosis de intoxicación política. Las embestidas de los socialistas a la independencia judicial y al Estado de Derecho y por ende a la democracia, ha sido una tónica constante e ininterrumpida.
El Presidente del Gobierno, dentro de sus delirios de pasar a la historia y de seguir manteniéndose en el poder, se ha marcado el objetivo, como sea y porque el fin justifica los medios, de culminar con la banda terrorista ETA, un imposible proceso de paz, porque es inconciliable a la vez, el Estado de Derecho y el terrorismo. Para ello, se destituye al Fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, a través de su brazo ejecutor, Cándido Conde Pumpido. No se aplica el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos. El Ministro de Justicia convence a Jueces como Garzón, para crear el ambiente propicio que pueda cundir en el ámbito judicial de que la interpretación y aplicación de las leyes han de realizarse de conformidad con el contexto histórico y la realidad social, es decir, transgrediendo el cumplimiento de la ley. Este Juez estrella, que no pierde ocasión para criticar la política exterior de Aznar, rompe con los criterios judiciales de su antecesor Grande Marlaska, y autoriza todo tipo de reuniones y manifestaciones de ETA-Batasuna. Pero incluso va más lejos, y se irroga una competencia inexistente pese a que es advertido y de forma torticera imputa a tres peritos de la policía, para dar cobertura a la versión oficial gubernamental sobre el 11-M, cuyo sumario está sembrado de pruebas falsas, con la inestimable colaboración de la Fiscal Olga Sánchez, que prologa libros contra la guerra e Irak. Y ahora, el Presidente del Gobierno, con un descaro sin precedentes, nos ha dejado atónitos y se ha permitido atentar contra la independencia de los Jueces, manifestando que algunas de sus sentencias dificultan el proceso de paz con ETA, refiriéndose a la sentencia contra el terrorista De Juana Chaos, asesino de 25 personas.
Pese a este panorama desolador, de constantes envites propios de los socialistas, contra la independencia judicial y contra el Estado de Derecho, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado diciendo que los Jueces no están dispuestos a transigir con el uso alternativo del derecho, y van a seguir aplicando e interpretando la ley, a la que todos los españoles estamos sometidos constitucionalmente, incluido el propio Rodríguez Zapatero quien está traicionando la seguridad del Estado y las instituciones, aspecto que mas pronto que tarde tendrá que responder ante las urnas y a saber, si ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Javier Pereda Pereda
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