De ellos, el 22,3% fueron pagados por el Gobierno de Esperanza Aguirre
Las cifras son pavorosas: durante 2007, 26.432 niños no nacidos fueron asesinados legalmente en Madrid, la mayoría de ellos en centros privados (26.304), frente a los 128 de los centros públicos. En definitiva, que quienes se lucran con el aborto tienen una ganancia asegurada en su negocio, mientras que en los hospitales públicos los médicos se niegan a hacer lo contrario de lo que han jurado: defender la vida.El comunicado de la Asociación de Víctimas del aborto (AVA) es demoledor. Madrid se ha convertido en un abortorio con el agravante de que el 22,3% de esos abortos los paga la administración, es decir, el Gobierno de la popular Esperanza Aguirre.