La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lanzada por el ministro Francisco Caamaño pretende convertirse en el último aldabonazo progre de Zapatero. La parte principal consiste en convertir al fiscal en juez, en que sea el ministerio público quien realice la instrucción del sumario, es decir, la investigación del delito.

Es cierto que en otros países es el fiscal quien realiza esa función, no el juez y también lo es que –no se lo digan a nadie- servidor no cree ni en la independencia del juez ni en la del fiscal, y mucho menos en la ecuanimidad de unos y de otros. Pero yo soy un tipo muy raro, así que no me hagan mucho caso.

En cualquier caso, es discutible si debe ser el fiscal o el magistrado quien instruya pero en España la independencia del fiscal respecto al Gobierno resulta, como las fincas en Extremadura, manifiestamente mejorable.

Se imaginan al fiscal general Cándido Conde-Pumpido investigando un caso corrupción del Gobierno Zapatero,o del Gobierno Rubalcaba? Pues eso.

Es cierto que el próximo fiscal general lo nombrará, o así se prevé, el Gobierno del Partido Popular, pero supongo que no se hacen las leyes para pasar de una parcialidad a otra, ¿verdad?

Ya he dicho muchas veces que Zapatero ha modificado su política económica, que ha pasado de la socialdemocracia derrochona al capitalismo financiero inmisericorde. Pero no nos engañemos: en su progresismo radical, en las llamadas leyes sociales, aquéllas que afectan a la verdad, a la libertad o a la justicia, no ha cambiado un ápice. Y está dispuesto a aprovechar su estancia en Moncloa hasta el último minuto.

Eulogio López

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