- Sorpresa entre agricultores y ganaderos por la oposición de Competencia al anteproyecto de Ley de Arias Cañete, que protege sus productos ante las grandes distribuidoras.
- El anteproyecto de Ley de la cadena alimentaria exige a las grandes cadenas certificar con contratos sus operaciones con los pequeños productores.
- Establece, además, sanciones de hasta un millón de euros por incumplimiento.
- Pero al parecer, la CNC quiere la libertad de la zorra en el gallinero.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) está más activa que nunca, tal vez porque el Gobierno tiene previsto unificar todos los organismos de supervisión en uno sólo. Sea como fuere, en los últimos meses Competencia ha mostrado toda su capacidad de acción.
La cuestión es que la CNC, donde realmente manda Clara Guzmán (en la imagen), la directora de Investigación, en detrimento del presidente, Joaquín García Bernaldo de Quirós, se ha mostrado muy dura con el anteproyecto de Ley de la cadena alimentaria. Así lo ha hecho saber a través de un informe no vinculante sobre el texto legal.
La postura de Competencia ha sorprendido, y mucho, a agricultores y ganaderos, que ven en la norma un paso importante en la defensa de sus intereses frente al de las grandes distribuidoras.
Veamos: la norma que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, llevó al Consejo de Ministros el pasado 19 de octubre, y que se encuentra actualmente en fase de tramitación, pretende acabar con el desfase de precios que existe entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor en el 'súper'.
De hecho, las asociaciones de agricultores y ganaderos han denunciado frecuentemente los desequilibrios de precios y márgenes que existen en la cadena alimentaria, y que provocan desfases de hasta un 500% entre lo que pagan los consumidores y lo que perciben en origen los productores.
Precisamente, para acabar con este desfase, el texto exige a las grandes cadenas que certifiquen sus relaciones comerciales con los agricultores y ganaderos mediante contratos. Establece, además, sanciones que llegan al millón de euros en caso de incumplimiento.
Pero la CNC considera que la norma "tipifica como infracción administrativa determinadas prácticas comerciales que, de hecho, resultan eficientes y fomentan el dinamismo de la cadena de producción". Al parecer, Competencia defiende la libertad, sí, pero la libertad de la zorra en el gallinero.
Y como muestra de su hiperactividad, este mismo jueves, la CNC ha abierto expediente sancionador contra Telefónica Móviles España por una posible conducta anticompetitiva en las condiciones de permanencia de clientes empresariales y autónomos. Como ha hecho últimamente en varias ocasiones, el organismo ha actuado de oficio, esto es, sin mediar denuncia alguna por parte de algún supuesto perjudicado. Dentro de 18 meses, como muy tarde, conoceremos la resolución final.
Pablo Ferrerpablo@hispanidad.com