Como ya hemos informado, el juez de Familia de Murcia, Ferrín Calamita ha sido condenado a dos años, tres meses y un día de inhabilitación además de a pagar 6.000 euros de indemnización a las lesbianas y las costas judiciales, que podrían ascender a 10.000 ó 15.000 euros. Por supuesto, el juez Ferrín piensa recurrir ante el Supremo, pero eso puede suponer cerca de dos años de espera. Hasta entonces no sólo no cobrará un euro, sino que seguirá siendo juez y por tanto su situación es incompatible con ninguna otra actividad profesional, salvo dar clase.
Pero tampoco dar clases es fácil. En primer lugar porque el lobby gay perderá tiempo para calificar de homófoba a la universidad que le contrate. Y en segundo lugar, porque también las clases deben ser autorizadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Precisamente el que le ha juzgado.
Así que la situación personal del juez es más que delicada. No es rico de familia, es padre de familia numerosa y no tiene otra fuente de ingresos que su actividad profesional. Por eso, Hispanidad se quiere sumar a la iniciativa lanzada desde un grupo de asociaciones a través de la página www.juezcalamita.com. En esta página se detalla la situación personal del juez y todos los extremos del juicio, documentación judicial, entrevistas periodísticas, etc. La solidaridad se demuestra con la cartera, no sólo con la palabra.
Pero vayamos al fondo de la cuestión. La sentencia condena al juez Ferrin por retardo malicioso y hostilidad homofóbica. Veamos. Si fuera cierto que el juez Ferrín rechazara las uniones homosexuales no habría permitido que otra mujer separada de su marido mantuviera la custodia compartida después de unirse en relación lésbica. Sencillamente habría planteado directamente la cuestión de inconstitucionalidad.
Pero no. El juez Ferrín se dedicó a trabajar. Pidió informe a su equipo psicosocial. Podría haberlo pedido a Enrique Rojas (de posicionamiento conocido en materia de matrimonio homosexual), pero prefirió ser imparcial y fiarse de su equipo. Le defraudaron. El equipo psicosocial adscrito al juzgado no respondió a ninguna de sus preguntas ni examinó a las madres para evaluar su idoneidad. Una prueba que se habría practicado en cualquier proceso de adopción.
Así que preocupado por el bien de Candela, que es como se llama la menor, nombra administrador judicial a la dirección general del Menor de la Región de Murcia. No se trata de la retirada de la patria potestad, sino de que la administración tutele el bien de la menor. De esta manera, el juez solicita informe a la dirección general. Y en lugar de contestar le dicen que no se meta en líos, que la niña al fin y al cabo iba a convivir de todas maneras con las dos madres y que era mejor a efectos de herencias, etc. Unas consideraciones jurídicas no solicitadas.
Así que tampoco le vale y exige a la dirección general que proponga prueba. Ante la ausencia de respuesta y apreciando conflicto entre el bien de la menor y las adoptantes, decide presentar una cuestión de inconstitucionalidad. La primera que presenta en su vida. Así que para asesorarse pide consejo al presidente del Tribunal Constitucional de Costa Rica, a ex magistrados del TC español y a miembros en activo del TC francés. Todo esto queda acreditado por el juez Ferrín a requerimiento del Superior antes de que se le presentara la querella. Casualmente, nada de esto aparece en la sentencia.
Y es que seis meses en todo el proceso que acabamos de relatar es un proceso razonable con los tiempos de la justicia. El mismo Superior de Justicia de Murcia tardó más de los cinco días establecidos en la Ley para dictar sentencia. ¿También ha habido retardo malicioso?
Lo que en verdad ocurre es que la progresía quería criminalizar al juez Ferrín por considerar que un católico no puede ser juez de Familia. Así que como el delito de prevaricación por el que fue imputado era demasiado retorcido, han buscado el hueco por el retardo malicioso en una sentencia chapucera, con poca argumentación jurídica y escasa sustancia real.
Se trata ni más ni menos que de la politización de la Justicia es estado puro. Y la ausencia de afiliación del juez a ninguna de las cuatro asociaciones judiciales le han dejado sin cobertura alguna. Algo así como que fuera del sistema no hay salvación. Los creyentes, la gente de convicciones debe evidenciar que la solidaridad existe y que mientras el juez Ferrín sufra este acoso, nos va a tener a nuestro lado.
Por eso es muy importante que se formalice la solidaridad. Puedes enviar tus mensajes de apoyo a través de www.juezcalamita.com. También puedes colaborar en el socorro solidario a través de la cuenta: BBVA 0182-7589-91-0201517203).
Luis Losada Pescador
losadapescador@telefonica.net