La limitación de los derechos de voto trataba de compensar la retirada de la acción de oro, que en España se produjo con el argumento de la libertad de mercado, mientras en el resto de Europa y Estados Unidos se sigue protegiendo a las empresas del país.
A partir del 30 de junio, y en un momento en el que las empresas españolas se convierten en filiales de grupos extranjeros, la industria del país quedará más expuesta aún a la pérdida de control.
Por otra parte, la enmienda permitirá que un accionista controle de facto el 100% de la empresa sin necesidad de realizar una OPA. Así, el hombre que da la denominación informal a la enmienda exigirá controlar Iberdrola desde ACS, con un 20%. Parece justo, como argumentan algunos, que se tengan derechos políticos en proporción a los títulos que se poseen, pero no lo es que se controle toda una empresa con un porcentaje que no llega a la cuarta parte en algunos casos: el que quiera el control, que lance una OPA.
En esta situación se encuentran Iberdrola, Repsol, Telefónica, Banco Popular y Banco Sabadell, en las que el límite se encuentra en el 10%. Otras, como Enagas y Red Eléctrica, de especial significado estratégico, cuentan con un límite del 3%. Con la llegada de la enmienda, se pondrá de nuevo sobre la mesa, la ausencia de un consejero de ACS en Iberdrola. Aunque sí cuenta con consejeros, en Repsol, también Sacyr (20%) se verá beneficiado por el cambio normativo.
Mariano Tomás
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