Decíamos ayer, que la dispensación de la abortiva Píldora del Día Después (después de lo que se están imaginando) es mucho más grave que la nueva ley del aborto.
Hay confusión sobre la fecha de inicio de la venta sin receta y sin control porque las autoridades sanitarias están interesadas en mantener esa confusión, pero los profesionales la fechan ahora el próximo lunes 28 y se temen lo peor. El Gobierno Zapatero se ha cargado la objeción de conciencia e Hispanidad ha podido saber que se preparan sanciones de entre 30.000 y 90.000 euros para los farmacéuticos que se nieguen a dispensar la PDD. Te juegas el negocio. Una idea bonísima para pervertir a todo un sector económico.
Carmen Peña, la presidenta de los farmacéuticos ni tan siquiera ha planteado el derecho la objeción de conciencia de los profesionales o la no penalización de quienes se nieguen a vender la píldora.
Socialmente, estamos hablando de una ley mucho más abortera que la llamada nueva ley del aborto. En España, con los controles actuales, ya se reparten cerca de 600.000 PDD (frente a los 120.000 abortos quirúrgicos que perpetraron el pasado año). Es decir, una facturación de 10,8 millones de euros y, naturalmente, el mejor cliente es el alcalde madrileño Gallardón que se las ofrece gratuitamente a las adolescentes madrileñas. Naturalmente, la abortista PDD, que comercializan bajo los nombres Postinor y Norlevo, los laboratorios Bayer y Chiesi, no tienen límite mientras el aborto quirúrgico sí.
Precisamente días atrás el catedrático Rafael Navarro-Valls recordaba que el derecho a la objeción de conciencia existe antes que la ley. Al parecer, no para los farmacéuticos españoles.