Sr. Director:

Según se informó en Madrid, el anteproyecto del Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, al que ha tenido acceso La Razón, pretende ayudar a reducir la mortalidad materna e infantil apoyando el derecho a la atención médica en caso de interrupción de embarazos no deseados. Con la promoción de una práctica sancionada por numerosas legislaciones nacionales como delito, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación puede entrar en serio conflicto con diversos países de Iberoamérica, en cuyos territorios están expresamente prohibidas las prácticas abortivas. Sólo en Cuba sería bienvenida la ayuda abortista de Exteriores.

La nota firmada por Enrique Rivera, continúa diciendo que la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ha elaborado un anteproyecto de Plan Director que promueve abiertamente el aborto con el objetivo de ayudar a reducir la mortalidad materna e infantil en el período 2005-2008. El anteproyecto es un trabajo conjunto de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional liderada por la socialista Leire Pajín Iraola y la Subdirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo dirigida por Eduardo de Quesada Fernández de la Puente, ambas unidades dependientes del rediseñado Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Con el mejor estilo de las grandes usinas de la cultura de la muerte, el texto del anteproyecto dice, las actuaciones de la Cooperación Española se dirigirán hacia la educación sexual, la planificación familiar (facilitando información y acceso a métodos de planificación), (...) atención prenatal y derecho a la atención médica en caso de interrupción de embarazos no deseados. Asimismo, el documento afirma que las medidas para reducir la morbimortalidad materna tienen como referencia el concepto de salud sexual y reproductiva de la conferencia de El Cairo (1994), que incluye el aborto.

Conflicto internacional

El planteamiento del Plan Director presentado por la Secretaría de Estado el pasado 22 de diciembre ante el nuevo Consejo de Cooperación al Desarrollo entra en conflicto con diversas legislaciones nacionales que rechazan la práctica abortiva. Es el caso de Iberoamérica. Según datos proporcionados por la ONU, las legislaciones de El Salvador y Chile prohíben el aborto bajo cualquier motivo; en Argentina, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela impiden la práctica, salvo en el ya casi inexistente supuesto de riesgo de vida para la madre. En Brasil y México, a este caso se suma el rapto o incesto. La excepción es Cuba, donde el aborto está totalmente liberalizado.

El asunto no sorprende, puesto que la AECI mantiene vínculos con organismos abortistas. Es recomendada en materia de salud sexual y reproductiva y colabora con la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE), filial española de la IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar), la multinacional del aborto y la perversión de menores. Además, la FPFE es subvencionada, entre otros, por las clínicas abortistas y por los laboratorios Schering, el mayor fabricante del mundo de la píldora del día después que comercializa con distintos nombres.

Asimismo, la AECI está relacionada con el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE), también ligado a la IPPF. Este organismo considera el aborto como parte de la salud sexual y reproductiva. Aunque el apoyo de la AECI a la salud reproductiva no es novedad, los fondos destinados a ello en el 2000 superan de lejos los 400.000 euros, sí lo es la manera explícita con que planea promover el aborto durante los próximos cuatro años.

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