El pasado 5 de julio entró en vigor en España una ley extremista que impone, en la escuela y la sanidad, una visión ideológica de la sexualidad bajo la perspectiva de género(sic) y que considera como un derecho reproductivo, exclusivo de la mujer, que el sistema público se haga cargo de la ejecución de un hijo antes del parto cuando sea juzgado como indeseable por su progenitora; bien por no haber sido planificado, o bien por haberse diagnosticado prenatalmente alguna anomalía o discapacidad.
Una parte del Parlamento español que representa a un sector del pueblo ha utilizado el poder de Estado para imponer una ideología mediante el dictado de una ley que otorga el poder -disfrazado de derecho- para matar a una categoría de seres humanos. Los grupos parlamentarios que han apoyado este dictado son los partidos nacionalistas y comunistas que representan a una mínima parte del pueblo español y el partido socialista que, antes de obtener la confianza de once millones de españoles para gobernar, ocultó a los ciudadanos sus intenciones.
En la cinta sobre la famosa novela de Pasternak, el Doctor Zhivago, llegando a Siberia huyendo de los comunistas bolcheviques que habían tomado Moscú, es detenido en un control de los comisarios del partido establecido en una estación de tren. Le exigen que se identifique y que diga a dónde va, pero el médico se resiste a identificarse y revelar su destino. Los comisarios le amenazan diciéndole: ¿acaso no sabe que se nos ha otorgado el derecho de arrestarle y ajusticiarle?. El Doctor, con la mirada fija y la frente alta, contesta lapidariamente: Ustedes, ahora, tendrán el poder, pero nunca el derecho.
Nadie cuestiona el poder de este Parlamento, es evidente. Pero su derecho para decidir otorgar a la mujer el poder para matar a los hijos antes del parto y obligar a los médicos del sistema público a facilitar o ejecutar a la persona que se gesta mediante la interrupción de un embarazo, es mucho más que cuestionable. A menudo en los regímenes totalitarios las clases dirigentes y las personas poderosas han utilizado su poder para oprimir a los más débiles.
Así las cosas, ahora, las progenitoras y la administración- a modo de comisariado político- tienen el poder legal para exigir que un médico facilite y mate al hijo del que están embarazadas.
El artículo 9.3 del Código de Ética y Deontología médica establece qué: Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, queda dispensado de actuar.
Las razones éticas y científicas están en la base de la unánime opinión de que decidir el aborto es un trauma para la mujer. Y no sólo a nivel psíquico, sino también a nivel físico, sexual y reproductor. Traumas que unos políticos ideológicamente escorados -y unos pocos médicos deontológicamente corrompidos- contribuyen a favorecer.
Para imponer su doctrina moral a todo el pueblo necesitan obligar a los médicos honestos y fieles a su vocación a cooperar con ellos infringiendo el artículo 4.4 de su código deontológico. (El médico nunca perjudicará intencionadamente al paciente ni le atenderá con negligencia) el 27.3 (el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni aunque éste se lo exija) o el 21.4 (al ser humano embriofetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente) entre otros, a la vez que conculcan una serie de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de conciencia del médico, y la libertad de los padres para educar a los hijos de acuerdo a sus propias convicciones.
No estamos muy lejos de la Rusia genocida del Doctor Zhivago que establecía sus categorías de indeseables, pero muchos médicos seguirán resistiendo, como nuestro colega ruso, a las tentaciones totalitarias de las clases poderosas ,que fingiendo su interés por el pueblo lo oprimen. Como entonces, ahora algunos tendrán el poder, pero nunca el derecho.
Esteban Rodríguez Martín