Por una parte impide participar en programas de aborto coercitivo y esterilización involuntaria pero, por otra parte, aprueba la posibilidad de financiar a organizaciones que promuevan o realicen abortos como método de planificación familiar. Resulta esquizofrénico, pero tiene su lógica. Malvada lógica, pero lógica. Verán. El pasado 6 de septiembre el Senado americano votó por 48 votos a favor y 45 en contra una enmienda del senador Sam Brownback para reestablecer la enmienda Kemp-Kasten, eliminada del presupuesto. Esta enmienda de 1985 vincula al gobierno americano para que no se implique en organizaciones o programas que promuevan aborto coercitivo en el exterior. La decisión de cuáles son esos programas es potestad presidencial.

De esta manera, el gobierno norteamericano cortaría -por ejemplo- los fondos que destina al Fondo de Población de Naciones Unidas, que como hemos informado aprovecha las catástrofes como la de Perú y Afganistán para imponer el aborto entre las poblaciones más frágiles. "Alabo al Senado por haberse opuesto a participar en estas atrocidades contra mujeres vulnerables y sus niños en los países en vías de desarrollo", afirmó la portavoz de la Conferencia Episcopal estadounidense, Deirdre McQuadre.

Sin embargo, en paralelo, el Senado también aprobó por 53 votos contra 41 la enmienda de la senadora Barbara Boxer contra la llamada "política de Ciudad de México". Una política que niega fondos federales a las organizaciones que realizan o promueven abortos como método de planificación familiar. El senador Brownback planteó una enmienda a favor de la "política de Ciudad de México", pero fracasó en la misma proporción: 41 apoyos y 53 votos en contra. Conclusión: el gobierno norteamericano podría destinar fondos federales  a organizaciones que realizan o promueven el aborto como método de planificación familiar.

¿Por qué esta contradicción? En primer lugar, porque en Europa lo percibamos de manera diferente, el carácter pro vida de la Administración Bush es discutible. Así que algunos optan por contemporizar: aquí sí, pero allá no. Pero es que además, lo que parece aprobado es una negación a que Estados Unidos siga financiando programas de la ONU, pero pueda financiar a ONGs norteamericanas. En el fondo, se trasluce una desconfianza generalizada de la sociedad y la política americana hacia las instituciones universales de la ONU. Hasta los pro vida que hacen lobby en NNUU no aspiran a ganar peso frente a los abortistas, sino a que la ONU pierda el halo de neutralidad y autoridad moral del que presume. El mismo presidente Bush ironizaba recientemente afirmando que cuando se jubilara no le iban a ver perder el tiempo en los pasillos de NNUU.

Por contra, si es posible financiar los programas de las organizaciones que como la internacional abortera  IPPF promueven el aborto en los países en vías de desarrollo. Se trata de organizaciones americanas financiadas por multinacionales norteamericanas y que han creado toda una industria alrededor del aborto y la anticoncepción. O dicho de otra manera, Estados Unidos defiende su industria anticonceptiva u abortera. "Sin la política de Ciudad de México las organizaciones que promueven el aborto aprovecharán su estatus como canales de las ayudas estadounidenses, para promover el aborto entre mujeres vulnerables del Tercer Mundo", señala en una carta el arzobispo de Filadelfia, cardenal Justin Rigali, presidente además de la Comisión de los obispos estadounidenses para las actividades pro vida.

Aún así, cabe una rendija de optimismo. Porque la 'resucitada' enmienda Kemp-Kasten otorga la posibilidad presidencial del veto de 'organizaciones y programas' que "aproyen o participen en la gestión de un programa de aborto coercitivo o esterilización involuntaria". Es decir, si el presidente bloquea el destino de fondos, los fondos quedan bloqueados. Así que la pelota descansa ahora en el tejado de Bush. No lo ha hecho de momento, porque IPPF ha recibido miles de dólares del presupuesto federal. ¡Ánimo George!

Luis Losada Pescador

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