El Gobierno presentó la ley de Muerte Digna como un avance extraordinario en el reconocimiento de una serie de derechos de los pacientes en situación terminal y de sus familiares, así como de seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que les atienden, y puso especial énfasis en asegurar que el texto no despenalizaba la eutanasia ni el suicidio asistido.
Nosotros mostramos serios reparos desde que el Ejecutivo hiciera pública su intención de elaborar el texto. Entendíamos que no era innecesario porque ya existían normas que permitían establecer con criterios científicos y éticos los límites del derecho a la vida y los del ensañamiento terapéutico. Después de conocer el texto, nuestro escepticismo se convirtió directamente en un rechazo a un texto que encajaba en el relativismo moral tan propio de la izquierda y tan proclive a la eutanasia.
Jesús Martínez Madrid