Un vez más, y ante la división interna dentro del Consejo del Poder Judicial sobre la nueva Ley de derechos del concebido y de la maternidad, no conviene perder el horizonte de lo que se está tratando.
Apoyar o no un cambio profundo de la actual regulación del aborto, ofreciendo más garantías al concebido y no nacido, no debe ser una cuestión de partido ni un mero debate sobre técnica jurídica.
Lo que se está poniendo en evidencia con el debate de este informe es el servicio de la ley a la protección de un derecho fundamental, el derecho de todos a la vida, reconocido por nuestra Constitución.
El análisis de algunas argumentaciones que se están utilizando dentro del Poder Judicial avala la necesidad de que este Gobierno sea sensible a la necesaria protección del derecho a la vida, en la medida en que esa protección es garantía de un adecuado sistema legal.
Jesús Domingo Martínez