Tiene comprometidos otros 100 para el próximo quinquenio

En nuestra edición de este lunes informábamos sobre el debate nuclear abierto a raíz del incidente de Vandellós. Pues bien, hoy podemos avanzar otros datos. Por ejemplo, Garoña lleva ya invertidos cerca de 300 millones de euros en su modernización en los últimos 15 ó 20 años. La cifra triplica la inversión inicial, cerca a los 15.000 millones de pesetas de entonces. Y, ojo, hablamos de inversión, no de costes de mantenimiento, que llevan un capítulo contable diferenciad.

¿Por qué una inversión tan elevada? Porque Garoña siempre ha querido estar a la última en la tecnología, siempre ha tratado de actualizarse. Así que salvo el reactor y la vasija, prácticamente toda la central es nueva. Nada que ver con la nacida en los años 60.

No sólo eso, sino que para el próximo quinquenio, la empresa pretende invertir 100 millones de euros adicionales. O sea, otra ‘Garoña'. El objetivo es claro: la empresa está haciendo los deberes para lograr la licencia que permita la prórroga. Llevan desde 2006 trabajando junto al Consejo de Seguridad Nuclear. Se les entregó documentación, se amplió la información requerida, se realizaron las reformas propuestas, hay reuniones permanentes en Madrid y en la propia central. No sólo eso, sino que Garoña también ha efectuado una renovación de su "perfil humano", rejuveneciendo a la plantilla. "Este tema también lo tenemos resuelto", señalan desde la compañía.

Así que lo lógico es que la prórroga se apruebe. "Estamos trabajando para eso", señala un portavoz oficial de la compañía, consciente de que Garoña es "referente" para el sector. Y no sólo tecnológico, no político-administrativo. "Si cumple con todos los requisitos técnicos…" ¿Qué pasa si el Gobierno finalmente no diera la licencia? ¿Qué ocurriría con esa inversión realizada? ¿Estaría obligado a indemnizar? "Desconozco la respuesta a esa pregunta; nosotros trabajamos por la prórroga", responde de manera evasiva el portavoz de Garoña.

La válvula de escape es la siguiente. Garoña considera que el período en el que expiran los 40 años no es el 2009 sino el 2011. "En marzo de 2009 tenemos una parada de recargo", señala un portavoz de la central. Es justo el período necesario para no tener que tomar ninguna decisión durante esta legislatura. Así que es posible que el Gobierno le ‘compre' el argumento y decida posponer la decisión. No está el horno político-económico para bollos.