El presidente de la plataforma ciudadana HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, y el presidente de la asociación ChequeEscolar.org, José Castro, se han reunido en la mañana de este lunes para pedirle al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, que regule el derecho a la objeción de conciencia a cursar la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) considerada un adoctrinamiento ideológico y una imposición ministerial.
Ambas asociaciones argumentan que EpC no ha logrado más que rechazo social por parte de los padres, alumnos, profesores y colectivos educativos, religiosos y sociales en general. O dicho de otra manera: la sociedad ha entendido que la nueva asignatura impulsada por la LOE vulnera el derecho/deber de los padres de constituirse en los primeros educadores de sus hijos, tal y como está reflejado en la Declaración Internacional de los derechos Humanos y en el artículo 27 de nuestra Constitución. Con la imposición de EpC, los padres se ven suplantados por el Estado, sostiene Castro.
La oficialización de la teoría de género, la negación de la existencia objetiva de la verdad y el bien o su marcado carácter laicista resultan los puntos más críticos. Junto a todo ello, la EpC abusa de las emociones y de los afectos de los alumnos, sobre los que basa todo el programa educativo, y renuncia a la pedagogía del esfuerzo, la exigencia y la voluntad, señala Arsuaga.
El asunto, argumentan Arsuaga y Castro, se vuelve más grave toda vez que el director general de Educación, Pérez Iriarte, reconociera que el objetivo de la polémica asignatura era formar en ideología a los alumnos sin convicciones.
Frente a esta imposición calificada por HazteOir y ChequeEscolar como totalitarismo ideológico, solicitan de Peral que regule los mecanismos necesarios para que los padres de alumnos que no compartan esta imposición adoctrinadora puedan ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Prever un mecanismo administrativo para el ejercicio de este derecho, contenido en el artículo 16 de la Constitución y reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, facilitará mucho la organización académica de los centros educativos, cuyas direcciones podrían verse, en caso contrario, desbordadas y sin capacidad de respuesta, argumentan.