El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, ha confirmado a Hispanidad.com que, a fecha de hoy, el Consejo no ha recibido una petición consultiva por parte del Gobierno para que emita un informe sobre la reforma del Código Penal en materia de matrimonio, que pretende el Ejecutivo Zapatero. Sin embargo, ha eludido pronunciarse sobre el hecho de que el Gobierno no haya consultado al CGPJ y sí lo haya hecho con los "zerolos", tal y como han denunciado algunos miembros del Consejo. "Eso se lo tendrá que preguntar usted al Gobierno", nos ha contestado.

 

Además, Hernando ha negado que el CGPJ esté haciendo la oposición que el PP no puede hacer por coste electoral. "Trabajamos por y para la Justicia", responde de manera obligada para añadir que el hecho de que en Consejo lo formen distintas "sensibilidades" no quiere decir que exista una "correa de transmisión" de los partidos políticos. ¿No?

 

Por otra parte, el presidente del CGPJ se ha reafirmado en lo señalado recientemente en el Congreso de los Diputados: entre un 16% y un 18% de las peticiones de protección no son atendidas porque los jueces deben comprobar la veracidad de los hechos. "Existe la posibilidad de que algunos intervinientes en el proceso presenten la denuncia de malos tratos y soliciten la protección policial para buscar ventajas de carácter procesal en los procedimientos de separación o divorcio", insiste Hernando, aunque matiza que eso no quiere decir que todos los casos en los que se deniega la protección obedezcan a estos factores.

 

Por último, Hernando se ha referido al jurado popular. Ha negado que existiera precipitación, ya que considera que ésta nunca existe al cumplir una previsión constitucional. Sin embargo, se ha mostrado partidario del modelo escandinavo, que es un modelo mixto entre jueces profesionales y participación judicial del pueblo. En su análisis, el paso de los jueces profesionales al jurado popular debería haberse realizado con una transición más moderada. También ha animado a la Comunidad de Madrid a que avance lo más rápidamente posible en la construcción de la "ciudad judicial" para evitar la actual dispersión jurisdiccional.