El Gobierno ha actuado con coherencia al denegar el indulto a diversos condenados por corrupción, como es el caso del ex presidente balear Jaume Matas (que deberá ingresar en prisión) y del ex alcalde marbellí Julián Muñoz.
También es acertada la denegación del indulto al ex juez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, quien no ha dado muestras de arrepentimiento de su grave delito.
La concesión del indulto ha de ajustarse a razones de justicia, equidad o utilidad pública, ninguna de las cuales se da en los casos citados.
M. Madrid